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¡Gobierno de facto asesta un duro golpe a la libertad de expresión!

Actualizado
28 septiembre 2009

Instalaciones de Radio Globo

El gobierno de facto ha asestado nuevamente un duro golpe a la libertad de expresión cuando este lunes en horas de la madrugada ha procedido a sacar del aire y militarizar las instalaciones de Radio Globo y Canal 36, medios de comunicación que mantenían informada objetivamente a la población, en torno a las incidencias violatorias a los derechos humanas perpetradas por las fuerzas policiales y militares.

Las acciones del gobierno golpista se amparan en el decreto PCM-M016-2009 aprobado el 22 de septiembre y publicado en publicado en diario oficial La Gaceta, el 26 de septiembre de 2009.

El Artículo 3 señala lo siguiente: “Emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley, las resoluciones gubernamentales o de cualquier modo, atenten contra la paz y el orden público…”.

“…La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL a través de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”.

El Director de Radio Globo David Romero y el presentador de noticias Ronny Martínez, dieron a conocer el contenido del decreto a través de la emisión del domingo 27 de septiembre, sin imaginar que horas después y durante la madrugada, serían militarizadas las instalaciones de este medio de comunicación.

Al enterarse del golpe bajo contra la libertad de expresión, el Director del periódico El Libertador, Jhonny Lagos expresó que no extraña para nada ese decreto, no extraña porque ninguna dictadura es tolerante.

Jhonny Lagos, director del periódico El Libertador “No extraña por eso la pretensión del gobierno usurpador de cerrar Radio Globo, obviamente canal 36 y desde luego cundo se refiere a medios escritos, el único medio de comunicación escrito identificado con los más sagrados intereses de la patria desde hace 6 años y obviamente en el contexto del golpe de Estado es El Libertador”, sostuvo Lagos.

Agregó que las dictaduras por naturaleza son soberbias y saben que solo con represión contra el pueblo y sus instituciones pueden sostenerse, a todos los hondureños les comunico en este momento que la libertad de expresión, no se obtiene por decreto, la libertad de expresión es la esencia de los derechos universales de las mujeres y de los hombres y se gana luchando.

Por su parte el presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, Mauricio Torres Molinero dijo que con la aplicación de este decreto “no hay ninguna posibilidad de expresión, ni de hablar, ni de repartir una hoja en la calle, esto es peor que un gobierno monárquico”.

“Esta situación no la hemos vivido antes, ni en tiempos de la opresión española, ni en tiempos de Tiburcio Carías Andino (dictador entre 1930 a 1946) que fue una dictadura por la que algunos claman todavía, este es un decreto bárbaro”, explicó el abogado y periodista.

Torres Molinero anunció que la Barrra de Abogados Anticorrupción presentará este día un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia “contra estas medidas despóticas, dictatoriales que pretenden inmovilizar el cuerpo de las personas, pero el alma no se puede inmovilizar, el amor a la patria, el deseo de libertad, no se puede inmovilizar”.

El decreto PCM-016-2009 que tiene una vigencia de 45 días contados a partir del 26 de septiembre, deberá ser conocido por el Congreso Nacional porque restringe derechos y garantías individuales y porque la misma Constitución lo establece como parte del procedimiento a fin de que lo ratifique, modifique o impruebe.

Instalaciones de Radio Globo De acuerdo a abogados constitucionalistas, el simple hecho de violentar garantías individuales implica que el Poder Legislativo, conozca el contenido del decreto, de inmediato y sin dilaciones.

El decreto ejecutivo no solo ataca la libertad de expresión, sino otras garantías individuales como el derecho a reunión y asociación, la libertad de circulación y el derecho a la protección contra la detención arbitraria.

Para la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 3, estas disposiciones son catalogadas como gravísimas porque dejan en estado de indefensión a toda la población.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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