Estado de Honduras cumplió a medias sentencia condenatoria de la Corte Interamericana

El estado de Honduras deberá identificar y requerir judicialmente a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan Humberto Sánchez, además de crear el Registro Nacional de Detenidos que permitirá combatir la impunidad.

La ejecución de estas resoluciones permitirán al estado hondureño cumplir a cabalidad con la sentencia condenatoria emitida el 7 de junio de 2003 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica.

La sentencia obliga al estado de Honduras a aceptar su responsabilidad en los hechos; pedir perdón a los familiares de la víctima y publicar la sentencia en un diario de circulación nacional y en el diario oficial La Gaceta.

Además está obligado a implementar un Registro Nacional de Detenidos, para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir.

Este Registro Nacional de Detenidos permitirá que los operadores de justicia actúen con transparencia y que se combata la impunidad.

Asimismo la sentencia señala, que el Estado debe concluir las investigaciones del caso para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Exhumar los restos de la víctima y trasladarlos a un sitio de elección de la Familia.

El Estado de Honduras tenía un plazo de seis meses para cumplir con la sentencia, mismo que se le venció el 6 de enero de 2004.

La sentencia ordena reparar los daños inmateriales, daños materiales y gastos que provocó a los familiares.

De todas éstas disposiciones emanadas por el Tribunal de Justicia del Sistema Interamericano, Honduras no ha cumplido con la creación de un Registro Nacional de Detenidos, ni tampoco ha concluido con las investigaciones del caso, que permitan enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Juan Humberto Sánchez.

Por otra parte, el estado de Honduras, actuando con mucha desidia frente al tema de los derechos humanos en el país, exhumó los restos de Juan Humberto Sánchez, ocho meses después del tiempo estipulado por la norma internacional.

Asimismo, un año después (2004) que se emitió la sentencia condenatoria de la CIDH, el estado de Honduras, reconoció su responsabilidad durante la administración del ex presidente Ricardo Maduro.

Y fue hasta el año 2007, en las administración de Manuel Zelaya Rosales, cuando se ordenó la publicación de la sentencia, en el diario oficial La Gaceta, y en un rotativo de circulación nacional.

Este cumplimiento parcial de la sentencia por parte del Estado de Honduras, no hubiese sido posible, sin las acciones emprendidas por El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Familiares de Juan Humberto Sánchez, el día en que el gobierno les entregó los restos
El COFADEH conformó un equipo especial de investigación en la zona de Santo Domingo, jurisdicción de Colomoncagua, Intibucá. Este equipo documentó el caso, con fotografías y videos. Entrevistó a testigos y familiares, cuyas declaraciones fueron vitales en la investigación.

Asimismo el COFADEH desbarató una campaña oficial del gobierno de turno que pretendía señalar como sedicioso a Juan Humberto Sánchez. A pesar de las presiones para que el caso no trascendiera a nivel internacional, el COFADEH siguió recogiendo testimonios adicionales de testigos entre policías, jueces y vecinos, que más adelante serían tomados como pruebas fehacientes del secuestro y asesinato en contra de Juan Humberto Sánchez.

Juan Humberto Sánchez, era padre de dos niñas y trabajaba como operador de Radio Venceremos, emisora del FMLN de El Salvador.

Ingresó a Honduras el 9 de julio de 1992 a visitar a su madre María Dominga Sánchez, viaje que aprovecharía para arreglar su documentación personal, basado en el decreto de amnistía número 87-91, que el 10 de julio de 1991 había emitido el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas.

Ese mismo día fue acusado de guerrillero por colaboradores del Ejército de la aldea Santo Domingo de Colomoncagua, Intibucá, lugar en donde residía su familia.

El 10 de julio de 1992 en horas de la noche fue detenido en la casa de su madre por 15 elementos del Décimo Batallón de Infantería, que actuaron bajo órdenes directas del Jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Discua Elvir, con la asesoria del coronel Manuel Flores Mejía, ambos oficilaes eran miembros del Batallón 3-16.

El Batallón 3-16 era un escuadron de la muerte que operó en Honduras en la década de los ochenta, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, que secuestró y asesinó a dirigentes sociales y estudiantiles que no compartían la politica que se implementaba en el país, por influencias de los estados Unidos.

El General Discua Elvir y el Coronel Flores Mejía aceptaron su responsabilidad en el caso de Juan Humberto Sánchez, cuando comparecieron ante los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Esa noche, 10 de julio de 1992, nuevamente fue capturado –en presencia de su familia- por hombres fuertemente armados equipados para operaciones especiales.

Don Juan José Vijil denunció su secuestro al Padre Celso Sánchez, párroco de la comunidad de Camasca, Intibucá, quien la remitió a ADROH y este a su vez al Cofadeh.

Durante 10 días el Cofadeh realizó diligencias para dar con su destino; dos habeas corpus se interpusieron en su favor sin resultado alguno.

El 22 de julio el cadáver de Juan Humberto Sánchez fue encontrado en el Río Negro. Su cuerpo mostraba señales de tortura, estaba atado de brazos y pies con un lazo; su lengua, nariz y genitales fueron cercenados. El juez Carlos Pineda del Cid ordenó su terraje en la ribera del río, sin que sus familiares pudiesen verle..

El 28 de julio de 1992 don Juan Vijil, fue secuestrado por elementos del Estado Mayor de las FFAA, que lo trasladaron en el helicóptero número 72 a sus oficinas centrales en Tegucigalpa, en donde lo mantuvieron durante 3 días.

En octubre de 1992, por la negligencia inexcusable en garantizar el derecho a la verdad y la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el año 2002 el caso fue turnado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

El 07 de junio de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró Culpable al Estado de Honduras de violar los derechos humanos de Juan Humberto, consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dictando sentencia condenatoria.