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El jueves anterior, la jueza Erika Suyapa Cerna y los jueces Marvin Joel Medoza y Luis Antonio Vásquez escucharon las pruebas testimoniales y documentales presentadas por la defensa y la parte acusadora. La sede del Tribunal de Sentencia fue resguardada por efectivos policiales y militares, cuya presencia, para algunos familiares de las víctimas, fue considerada como intimidatoria. En una larga jornada, el juicio se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta la 5:40 de la tarde del jueves 26 de junio. En horas de la noche de ese mismo día, los jueces ordenaron la reconstrucción de los hechos en el municipio de Guarizama. Una caravana de 7 vehículos transportó desde Juticalpa a los jueces del Tribunal de Sentencia, abogados defensores y acusadores privados, fiscales, forenses y peritos en balística, hasta el lugar del asesinato para la reconstrucción de los hechos. La incidencia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en este caso, permitió que los requerimientos fiscales en contra de los imputados, cambiara de homicidio a asesinato. Durante el juicio, los testigos presentados por la defensa incurrieron en una serie de inconsistencias en cuanto a las órdenes vertidas a los agentes de policía que montaron un retén en el municipio de Guarizama, para detener el vehículo en el que se conducían las víctimas y otros ocupantes. La contradicción de los testigos presentados por la defensa, reveló que los agentes del Estado, no observaron los procedimientos establecidos al momento de requerir a los ciudadanos y que están contemplados en manuales y la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana.
Durante el proceso se presentaron pruebas de balística y exámenes forenses, así como el testimonio de testigos y autoridades policiales. Entre los testigos se interrogó al padre Andrés Tamayo, cuyo testimonio, a juicio de la parte acusadora, no fue muy satisfactoria ni relevante en el caso. Sin embargo, un testigo protegido presentado por la parte acusadora integrada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Cofadeh, permitió esclarecer una serie de interrogantes en torno al asesinato. El testigo protegido, que fue trasladado a la zona del asesinato bajo fuertes medidas de seguridad, con su rostro enmascarado y vestimenta policial, reveló que los policías detuvieron el vehículo en que se conducían el agente policial Juan Lanza, su esposa e hijo, junto a Heraldo Zúñiga y Roger Murillo. En el testimonio se asegura que los policías Rolando Antonio Tejeda Padilla, José Arcadio Gonzáles, Juan José Talavera Zavala y Linton Omar Cáceres Rodríguez, obligaron a los ambientalistas a bajarse del vehículo y sin considerar que las víctimas levantaron sus manos en señal de rendición, procedieron a acribillarlos a balazos, frente a una pared exterior de la casa que funciona como palacio municipal de Guarizama. La versión que se maneja es que las diferentes jefaturas policiales de Gualaco, San Francisco de la Paz y Guarizama atendieron una denuncia en la que se afirmaba que el policía Juan Lanza habría raptado a su propia esposa e hijo con la ayuda de dos hombres fuertemente armados. Sin embargo, la denuncia la interpuso telefónicamente la madre de la esposa de Juan Lanza a las 8:00 de la noche y el asesinato ocurrió entre las 7:00 y las 7:30 de la noche. Otro aspecto es que de acuerdo al testimonio de los policías imputados del delito de asesinato, los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Roger Murillo nunca dispararon sus armas ni amenazaron con hacerlo ante el retén policial.
Por el contrario, los agentes policiales les ordenaron bajar de la paila del carro y cuando éstos levantaron sus manos en señal de rendición, fueron acribillados a tiros por la espalda. Las víctimas cayeron de rodillas frente a la pared externa del palacio municipal y luego sus cuerpos se entre cruzaron en la calle de tierra. Especialistas presentes en la reconstrucción de los hechos, señalaron a los jueces que la versión del testigo protegido, coincide en gran porcentaje con la trayectoria de los proyectiles disparados por los imputados en la escena del crimen. Otro dato relevante es que aparte de la participación de los agentes policiales en este asesinato, se habla de un “quinto elemento” que habría participado en el asesinato. Se trata de Rolando Antonio Tejeda alias “Tejedita”, hijo del clase II, Rolando Antonio Tejeda Padilla quien vestido de civil participó en la balacera perpetrada contra los ambientalistas. Visiblemente afectado por traer a la memoria los hechos, David Zúñiga expresó que su hijo Heraldo tiempo atrás, había recibido amenazas por parte de las cooperativas y que eso hace sospechar que su muerte derivó de su accionar en la defensa del bosque. “Estamos contra los poderes más grandes del Estado, como ser la policía y el poder económico y eso se nos ha dificultado para poder llegar a la verdad, porque sí hay mucha gente que tiene el deseo de declarar, pero tienen miedo”, enfatizó el apesarado padre. Especialistas consideran que los policías imputados, accionaron irresponsablemente sus armas de reglamento y dispararon entre todos, hasta 90 proyectiles para acabar con la vida de las víctimas. Después del 20 de diciembre de 2006, fecha del asesinato, transcurrieron 11 meses para que se expusieran los medios de prueba en los tribunales. Pese a que la escena sufrió alteraciones, la aplicación de luminol permitió encontrar sangre en los orificios perforados por proyectiles en la pared externa del Palacio Municipal. Asimismo proyectiles encontrados en el cuerpo de las víctimas, facilitaron la identificación del calibre 5.56 mm que corresponden a fusiles M-16 de uso oficial y que fueron disparados en la escena del crimen. Con lágrimas en sus ojos al presenciar la reconstrucción de los hechos que segaron la vida de su compañero de hogar, Elbia Granados con voz entrecortada expresó que por todo lo que se ha dicho, está segura que la muerte de Roger Murillo le sobrevino por oponerse a la destrucción del bosque en Olancho. Al consultarle sobre la sentencia que se dictará el próximo martes en Juticalpa, Granados contestó que “para mí que se haga justicia con lo que hicieron, cómo ellos los asesinaron de gusto por salvar el bosque y no puede quedarse eso impune”. La muerte de los ambientalistas trajo luto y dolor a sus familias. Heraldo Zúñiga dejó a su esposa Miriam Ruth Torres y tres hijos de los cuales dos son menores de edad, mientras que Roger Murillo dejó a su compañera de hogar Elbia Granados y dos hijos menores. Los dirigentes ambientalistas Carlos Luna y Carlos Flores fueron asesinados en 1998 y 2000, respectivamente. Esas muertes, sumadas a las de los ambientalistas como Janeth Kawas, en 1995 y Carlos Escaleras, en 1997 --en la costa septentrional de Honduras-- jamás fueron aclaradas por la justicia en relación a identificar a los autores intelectuales de éstos crímenes, pero sí a muchos de los autores materiales. Queda en la mente de la ciudadanía, si se continuará investigando para identificar al autor o autores intelectuales de la muerte de Heraldo Zúniga y Roger Murillo y si la participación del “quinto elemento” que participó en la escena del crimen será llevado ante la justicia para que responda por sus hechos. |
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El Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Olancho, se pronunciará este martes 1 de julio en torno a la culpabilidad o inocencia de cuatro agentes policiales acusados de asesinar a los ambientalistas Heraldo Zúniga y Roger Murillo en el municipio de Guarizama, Olancho, la noche del 20 de diciembre de 2006.
