La desaparición forzada despierta el interés de la comunidad universitaria

La desaparición forzada y el derecho a la verdad fue el tema principal que los y las estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos conocieron a través de la exposición de expertos en un foro que se desarrolló en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UNPFM), en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido que se conmemora cada 30 de agosto.

Participaron como expositores el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Leo Valladares Lanza, la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, La Coordinadora Regional para Centro América del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long y el abogado Abencio Fernández, de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos.

El ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, expresó a los y las estudiantes que estudiar derechos humanos es “un compromiso de fondo, personal y de convicción”, por lo que exhortó a los y las estudiantes a realizar una profunda reflexión personal por la seriedad y peligros que implican la defensa de los derechos humanos.

En el uso de la palabra, la Coordinadora de COFADEH, Berta Oliva, sostuvo que hace 25 años, nadie hablaba, discutía y ni siquiera abordaba el tema de los derechos humanos, así que durante este tiempo el COFADEH ha sido parte de la construcción del Estado de Derecho, ha hecho escuela en las calles, colegios y universidades en busca de la verdad de las desapariciones como un derecho de los familiares y de la sociedad hondureña.

“El abordaje del tema ha dividido a la sociedad entre los que buscan la justicia y los que apuestan por el borrón y cuenta nueva que son los impunes, esta actitud ha pretendido que la ciudadanía olvide las desapariciones y es aquí donde está la resistencia de COFADEH por mantener la memoria histórica y buscar la verdad”, expresó Oliva.

La defensora de los derechos humanos destacó que en el actual gobierno del presidente Manuel Zelaya, las desapariciones de personas se han reactivado. De junio a diciembre de 2006 cinco ciudadanos -dos hondureños y tres panameños- fueron detenidos y desaparecidos.

Se trata de los hondureños Jorge Ruíz y Elvis Zepeda, y los panameños José Camilo Miranda, David Rodrigo Villalobos Balladares y su hermano Jorge Luis.

“Esto es muy peligroso para este país, que ha actuado con tanta impunidad, porque no hay nada que justifique la desaparición forzada”, advirtió Oliva.

En su participación, la abogada Soraya Long sostuvo que la justicia ha sido cómplice de la desaparición forzada en la región centroamericana.

Long destacó que el primer caso que sentó las bases conceptuales alrededor de la figura de la desaparición forzada, fue sentencia emitida contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica, en el caso de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez en 1988.

La experta en derechos humanos explicó “que las violaciones que componen la figura de la desaparición forzada son varias, por ejemplo se violenta el derecho a la libertad, cuando las personas son secuestradas y detenidas, se viola el derecho a la integridad, cuando las víctimas sufren tratos inhumanos y crueles y se viola el derecho a la vida, cuando la persona que experimenta desaparición forzada es finalmente ejecutada”.

Long destacó que todo esto se complica cuando por voluntad política del Estado violador de los derechos humanos, se mantiene en el anonimato los crímenes cometidos.

Asimismo, la expositora dijo que las sanciones que impone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a los Estados que cometen o permiten los crímenes cometidos a través de la desaparición forzada, se obligan a organizar estructuras investigativas que conduzcan al esclarecimiento de esos crímenes.

Por otro lado, añadió Long, “los Estados están en la obligación de dar a conocer la verdad de los hechos y a reparar moral y materialmente a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada”.

Finalmente Long recomendó al Estado de Honduras a que atienda la recomendación contenida en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que exhorta a tipificar el delito de lesa humanidad en el Código Penal hondureño.

En los próximos días la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberá emitir una resolución que permita incluir la figura de la desaparición forzada en la legislación penal hondureña.