La Corte Suprema de Justicia (CSJ) violentó la Constitución de la República, tratados internacionales y leyes secundarias al despedir a varios empleados del poder judicial que reclamaron recientemente aumentos salariales para sus compañeros y compañeras.

La denuncia fue formulada por las personas afectadas en conferencia de prensa instalada en los bajos del Congreso Nacional y que fue respaldada por el Partido Unificación Democrática (UD), el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla y el Bloque Popular (BP).

En la denuncia pública se señala que el 4 de junio de 2008 el pleno de la CSJ decidió dar por terminada la relación laboral con Omad Obed Ríos Vargas porque éste participó en la comisión negociadora y en la toma de protesta escenificada en la sede del poder judicial en Tegucigalpa.

Más adelante apunta que el 30 de junio de 2008, el pleno de la CSJ canceló a Marco Antonio Milla, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ), así como a María Rodezno Flores.

También se separó del cargo a Miguel Angel Cruz (vicepresidente de la regional en San Pedro Sula) y a la Secretaria del Tribunal de Sentencias, abogada Clarissa Jiménez, en flagrante violación al tratado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución de la República referente al derecho a la sindicalización y la estabilidad laboral.

Marco Milla secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFPJ) expresó que “nosotros los empleados fuimos cesanteados únicamente por solicitar un incremento de salario para aquellos empleados que ganaban menos de 3 mil 224 lempiras que es el salario mínimo que hay en el poder judicial.

Milla comparó que mientras existen éstos bajos salarios, los magistrados y funcionarios de primera categoría ganan jugosos sueldos y prebendas en el poder judicial.

La diputada Doris Gutiérrez sostuvo que hoy lamentablemente tenemos que decir que la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de impartir justicia al nivel más superior del país, es la que violenta los derechos de los trabajadores.

“Es la que violenta el código de Trabajo, es la que violenta la misma Constitución de la República y los convenios internacionales que se han firmado en Honduras sobre todo con la organización Internacional del Trabajo”, sostuvo la diputada.

Añadió que los compañeros fueron despedidos por el simple hecho de hacer una protesta para pedir aumentos de salarios, no para ellos sino para las personas que ganan cantidades mínimas y se ha tomado una represalia directa contra ellos al despedirlos de sus trabajos.

Marco Milla despedido por exigir aumento para sus compañeros y compañeras del Poder Judicial.

Merlin Eguigure del Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla dijo que “esta es una muestra de la intolerancia que existe de parte de las autoridades ante el reclamo de justicia y ante el reclamo de mejores condiciones de vida”.

Para el representante del Bloque Popular, Julio Otero lo que está sucediendo es “que hay un miedo de parte de la burguesía, de los grupos de poder políticos, tanto cachurecos como liberales, que cuando miran que se está organizando la clase obrera empiezan a reprimir las acciones”.

Agregó que “no hay ley más grande que la razón y la razón, el Bloque Popular se la da a los obreros que están peleando por una causa justa”.

En la denuncia se hace un llamado al público en general y a la comunidad internacional para que intervengan y que no se sigan violentando los derechos laborales de los empleados y empleadas del Poder Judicial.

Los trabajadores y trabajadoras revelaron que desde que asumió la presidencia de este poder del Estado, la abogada Vilma Cecilia Morales ha promovido la zozobra y el temor y que ha aplicado represalias a quienes critiquen a las autoridades superiores o que exijan sus derechos laborales.

Dentro de los más recientes abusos cometidos por el máximo tribunal de justicia del país sobresale el proceso disciplinario en contra de los y las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula que representa una lesión a la independencia judicial y cierra espacios a la libertad de asociación y expresión de los jueces.

El magistrado Armando Lozano Martínez, quien preside la Corte de Apelaciones y las magistradas María Fátima Baide de Mena y Tirza Flores de López enfrentan persecución y hostigamientos porque se negaron a seguir los dictados de la Corte Suprema de Justicia que ha buscado favorecer a personajes de la vida política del país.

La magistrada Tirza Flores manifestó al departamento de Prensa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) que el proceso disciplinario nace del abordaje del caso en la que está implicada la ex administradora de la aduana La Mesa, Sumaya Handal hermana del actual diputado nacionalista Johnny Handal.

“El proceso disciplinario es porque supuestamente nosotros desobedecimos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que la Corte trataba de favorecer a Sumaya Handal”, explicó.

Agregó que “nosotros no la desobedecimos, hicimos una interpretación y mantuvimos nuestra decisión independiente de que Sumaya Handal debía ser sometida a un proceso”.

Al consultarle si la posición de la Corte Suprema de Justicia obedece a una decisión política para silenciar a los magistrados y magistrados de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, la abogada Tirza Flores contestó que “definitivamente yo creo que es una lesión directa al ejercicio jurisdiccional independiente que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula ha venido haciendo durante todos estos años”.

Sumaya Handal fue acusada por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y complicidad en la comisión del delito de defraudación fiscal, en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.

En este caso también han sido acusados Dionisio Gutiérrez Perdomo a título de autor del delito de violación de los deberes de los funcionarios y defraudación fiscal en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras.