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Los cinco héroes cubanos

Los cinco cubanos condenados el 12 de septiembre de 2002 en Estados Unidos por espionaje, en realidad han sido víctimas de un acto de represión de la nación del norte. De esta manera puede calificarse un juicio donde se les acusó sin pruebas y sancionó a prisión de por vida a tres de ellos.

El proceso duró 7 meses, en donde se escuchó a más de 70 testigos y se conformó un jurado compuesto en su mayoría por personas con lazos familiares o de amistad con los responsables de los grupos anticubanos, en donde la jueza que presidió el caso, rechazó todas las pruebas presentadas por la defensa, incluidos documentos oficiales norteamericanos.

Por el delito de conspiración para cometer espionaje fueron condenados a cadena perpetua Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo Hernández, sin embargo al momento del juicio las pruebas y testimonios demostraron que toda la información involucrada en el proceso era absolutamente pública y disponible a cualquier persona.

A René Gonzáles la jueza Joan Lenard le impuso una condena de 15 años de privación de libertad, y además le prohibió como una condición especial, adicional para la libertad supervisada, acercarse o visitar lugares específicos en donde se sabe que están individuos o grupos tales como terroristas, personas que promueven la violencia o figuras del crímen orgnizado.

Por su parte Fernando Gonzáles Llort se encuentra en la prisión de Oxford, Wisconsin, donde cumple una sanción de 19 años.

Cabe señalar que varios expertos en materia de seguridad nacional, en su mayoría oficiales de alto rango retirados de las Fuerzas Armas de Estados Unidos que brindaron su testimonio al Tribunal de Miami, convergieron en la opinión que Cuba no constituía ninguna amenaza convencional para los Estados Unidos y que la inteligencia que utiliza Cuba va dirigida a descubrir si en realidad Estados Unidos se prepara para atacar la isla.

Antecedentes

Todo comienza cuando el 24 de febrero de 1996, las autoridades cubanas interrumpieron los vuelos de dos avionetas de la organización terrorista “Hermanos al Rescate”. Dicha organización fue fundada en 1991 con el supuesto propósito de rescatar balseros cubanos en el mar y desde 1993 se involucró en una serie de violaciones de la soberanía territorial cubana.

“Hermanos al rescate” es presidida por José Basulto, contrarrevolucionario de origen cubano, residente en los Estados Unidos, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mercenario de la invasión a Playa Girón y con amplio expediente de acciones violentas contra Cuba

Como antecedente, el 17 de mayo de 1994, dos aviones Cessna 337, provenientes de La Florida, violaron el espacio aéreo en la región entre Cárdenas, provincia de Matanzas, y Mariel, provincia de la Habana, a lo largo de 50 y 80 millas, manteniendo una distancia de la costa entre 11.5 y 5.5 millas

En reiteradas ocasiones las autoridades cubanas manifestaron su decisión de no continuar permitiendo las violaciones a su espacio aéreo que realizaba con frecuencia la organización “Hermanos al Rescate” y se alertó al gobierno de Estados Unidos de sus vuelos ilegales y las consecuencias que podría traer su conducta.

José Basulto al ser interrogado por el abogado Paul Mackena en el juicio contra los 5 cubanos en Estados Unidos, admitió que tenía conocimiento de las advertencias del gobierno cubano de derribar cualquier aeronave que sobrevolara su espacio aéreo.

Un testigo utilizado por la defensa, el coronel retirado de la Fuerza Aérea, George Buckner experto en radares, aviación, procedimiento de intercepción de aviones civiles y militares, tácticas y control de pilotos de combate, sostuvo que los objetivos de José Basulto eran derrocar al gobierno de Cuba.

En ese sentido, agregó Buckner, la aviación cubana estaba en la obligación de perseguir a los pilotos infractores según las normas de aviación internacionales y las del propio país.

El testimonio de Buckner fue más allá, y calificó la operación de Hermanos al Rescate “como una actividad militar y subversiva”. Por lo tanto la carencia de pruebas llegó a tal punto, que el gobierno de Estados unidos, trató en un intento fallido, de variar la letra de acusación de asesinato en primer grado y replantearla como una conspiración para homicidio, cargo que requería menos pruebas a presentar por parte del gobierno.

Pese a que los representantes gubernamentales estadounidenses, reconocieron la falta de evidencias para probar las acusaciones, los miembros del jurado en una Corte de Miami, sin hacer pregunta alguna, declararon culpables a los cubanos.

El proceso acusatorio se desarrolló en Miami, una ciudad en la que reina un clima de intimidación permanente, que es sostenido por grupos radicales anticubanos, el veredicto de “culpables”, fue dado por un jurado que integraron vecinos de esta ciudad, sin que se pudieran garantizar las condiciones de imparcialidad, necesarias para la celebración de un proceso justo.

A estas circunstancias se sumó, en aquel entonces, el caso especialmente sensible de Leían Gonzáles, retenido a la fuerza por grupos mafiosos y cuyo padre deseaba recuperar la custodia. Este asunto, no podía, sino perturbar el ambiente, ya de por sí prejuiciado para el buen desarrollo de un juicio imparcial.

Estos aspectos irregulares de un debido proceso, chocaban con las exigencias de la quinta y sexta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que estipulan que todo inculpado tiene derecho a un “juicio justo e imparcial” y expresan además que el jurado no debe tener conocimiento previo, ni ninguna opinión sobre los hechos que se le expondrán durante el proceso o sobre los acusados a quienes se juzga.

Otro detalle importante es que la jueza que presidió el juicio, actuó en forma discriminatoria al no permitir que se la incluyera en el jurado, a ciudadanos negros, en violación a la primera y quinta enmiendas de la constitución estadounidense. Tla comportamiento se explica porque la comunidad negra de Miami, es la menos hostil al gobierno cubano.

Medios de comunicación como el Miami Herald confirmaron el ambiente de intimidación que prevaleció, al publicar el artículo titulado: “El miedo a ser jurado en el proceso de espionaje”, que recogía el temor de candidatos a jurado por una reacción violenta del exilio cubano en caso de que los acusados fueran declarados inocentes.

A los cubanos, luego de su arresto se les aisló durante 17 meses, sin que tuvieran contacto con sus abogados defensores y tras el veredicto, se les volvió a encerrar el 26 de junio al 13 de agosto, en el “hueco” (celdas de aislamiento total), lo que imposibilitó la preparación de su comparecencia ante El Tribunal.

Más tarde, sosteniendo que por razones de seguridad nacional, se les volvió a encerrar en el hueco, en el período comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2003. Tiempo en el que a los prisioneros, se les privó del teléfono y de recibir correspondencia. Esta medida les impidió preparar los recursos de apelación ante el Once Circuito de Atlanta.

Estas violaciones de los derechos de los prisioneros y sus familias aplicadas a los 5 héroes cubanos, ha motivado que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) hayan manifestado su preocupación ante el Fiscal General de los Estados Unidos y el Buró Federal de Prisiones. Los métodos y las prácticas represivas aplicadas en la reclusión de los cinco cubanos, implican también, el incumplimiento de la propia reglamentación en materia de trato a los prisioneros.

 
 
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