| Contáctenos |
|---|
|
||
A principios del mes de abril, el Fiscal Pedro Mejía presentó requerimiento ante el juez de letras de la jurisdicción para que se libraran órdenes de captura contra los ambientalistas, acusados de usurpación y daños a la propiedad privada. Vecinos de Orica se mostraron sorprendidos con la rapidez mostrada por el fiscal Pedro Mejía, para actuar en contra de los defensores del ambiente. El requerimiento presentado ante el juzgado competente, reflejó varias impresiciones y fallas en su propósito de acusar a los ambientalistas denunciados por la empresa Yodeco. Entre las fallas destacan el haber incluido a un menor de edad en la lista de encausados y proporcionar un nombre que no existe en las comunidades. El juzgado de primera instancia admitió el requerimiento fiscal pero negó la solicitud de orden de captura en virtud que el Ministerio Público no acreditó que las personas encausadas representaran un peligro para el denunciante, que en este caso es la compañía Yodeco, que cuenta con una concesión para explotar el bosque en la zona. El juez Ozías Suárez consideró que los delitos denunciados no son graves por lo que ordenó la citación a los encausados el 14 de mayo del presente año, para que en audiencia de declaración de imputado, se les informara de los delitos que se les imputan, al tiempo que puedan declarar en su defensa.
Pobladores de Orica se mostraron sorprendidos por la posición asumida por el Ministerio Público, que reaccionó rápidamente para proceder a acusar a defensores del ambiente que tratan de evitar que la compañía Yodeco extermine los bosques de la zona y las pocas fuentes de agua de la comunidad. El departamento de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó que el 14 de mayo del año en curso, se celebró la primera audiencia, en donde se presentaron catorce de los encausados ante la sede judicial. El Ministerio Público solicitó que se emitiera la prohibición de salir del país a los encausados y que se girara comunicación a la policía internacional para que proceda a la detención de Justo Pastor Cruz en Estados Unidos, supuestamente el lugar donde se encuentra. El Cofadeh que asumió la defensa de los ambientalistas, rechazó los cargos imputados por el fiscal Pedro Mejía y solicitó que las medidas de no salir del país no se aplicaran al ciudadano Abel David Hernández, porque afectaría su trabajo y fuente de sustento de su familia. El Juez Ozías Suárez resolvió que debía presentarse una solicitud por escrito y que su intención no era perjudicarlo. La solicitud se redactó ese mismo día por escrito. En cuanto a la medida solicitada por el Fiscal de enviar comunicación a INTERPOL para capturar a la persona que se encuentra fuera del país, el Juez la declaro sin lugar, en virtud que esa era solo una audiencia de declaración de imputado y que sería hasta la audiencia inicial donde el Fiscal presentaría las pruebas de cargo y si esas pruebas le daban indicios de la existencia de los delitos encausados, entonces se tomaría una decisión al respecto. A pesar de las constantes denuncias presentadas desde el año 2007 por parte de los y las pobladoras en contra de la tala excesiva del bosque ejercida por Yodeco, el Ministerio Público jamás se dignó a actuar en contra de los depredadores. ¡La corrupción rodea a la explotación maderera! En un artículo titulado “Pugna por aplicación de ley forestal” del portal Latinoamérica-online.it, escrito por Sonia Edith Parra, se menciona que las exportaciones declaradas de madera a Estados Unidos son de tres millones de dólares, pero lo que realmente se vende asciende a 6,8 millones de dólares, o sea 226 por ciento más, afirmó para este artículo Andrea Johnson, encargada de tala ilegal de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres. Gran Bretaña y España importan madera hondureña por 100 mil y 1,3 millones de dólares, pero los montos verdaderos son de 1,6 millones y 2,6 millones de dólares respectivamente, en otro caso ilustrativo de tala y venta ilegal. Según una investigación realizada en 2005 por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), en Honduras existe una red dedicada a la alteración fraudulenta de permisos, sobornos, expedición de títulos de propiedad falsos e intimidaciones, que implica a políticos, a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), empresas madereras, aserraderos, transportistas, taladores, alcaldes, policías y otros funcionarios. Firmas como José Lamas SRL, Maderas Noriega, Sansone, Serma, Derimasa y Yodeco son las principales proveedoras de madera para compradores en Estados Unidos y Europa, como Aljoma Lumber, Home Depot e Intergro, sostiene el informe de la EIA. El texto señala que el mayor tráfico es de especies de pino (Pinaceae) y de caoba (Swietenia macrophylla), entre otras, que salen del departamento de Olancho, la Mosquitia y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, departamento de Gracias a Dios, en el norte y oriente del país. La EIA afirma que 80 por ciento de las caobas y 50 por ciento de los pinos extraídos de Honduras en 2004 fueron cortados ilegalmente. En los años 90 el país perdió 10 por ciento de su cobertura boscosa. Sobreseimiento provisional El 21 de mayo, el COFADEH presentó voluntariamente al Juzgado a Justo Pastor Cruz y Andis Yovanis Gutiérrez Puerto. A estas personas se solicitó la aplicación de medidas sustitutivas de prisión, mismas que fueron aceptadas por el juez. El 10 de junio del presente año, a las diez de la mañana, se celebró la audiencia inicial, el Ministerio Publico ratificó su requerimiento fiscal y lo amplió, alegando obstaculización por parte de los encausados en la ejecución del plan de manejo de YODECO, mismo que fue otorgado por CODEHFOR fundamentando su ampliación en el articulo 186 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. El COFADEH rechazó el requerimiento fiscal inicial, y presentó excepciones y una nulidad, la excepción planteada es la falta de acción cuando no debió promoverse la demanda, según el articulo 46, numeral 2 del Código Procesal Penal. El Cofadeh consideró que el requerimiento fiscal no debió promoverse en vista que el Ministerio Publico no cumplió con su función de investigar exhaustivamente, incluso aquellas situaciones atenuantes a los encausados, por lo que el requerimiento no era objetivo. Además de no contar una relación de hechos que manifestara el lugar y fecha exacta de los mimos ( articulo 92 y 93 del código Procesal Penal). La nulidad planteada por el Cofadeh está amparada en que existen violaciones a los Derechos constitucionales (articulo 166 numeral 7 Código Procesal Penal), en el caso de un menor de edad de nombre ARLIN REINIERI RODRIGUEZ GUZMAN, ya que estaba siendo encausado con un procedimiento que no era el adecuado a su capacidad legal. |
||
Por oponerse a la explotación irracional del bosque y a la contaminación de las pocas fuentes de agua de la comunidad, el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Municipio de Talanga, Francisco Morazán, inició una causa penal contra 19 ciudadanos, entre ellos varios procuradores ambientalistas de las comunidades de Piedra Gorda, Las Minitas y Las joyas del municipio de Orica, Francisco Morazán. 
Cabe señalar que el juez Suárez actuó con absoluta imparcialidad y apegado al derecho, en un caso que se repite en varios zonas del país cuando la ciudadanía afectada, enfrenta a poderosas compañías depredadoras del ambiente.