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20 febrero 2009 Más de 70 personas reunidas en la sede de Mujeres en las Artes (MUA), en Tegucigalpa, expresaron su condena y repudio frente a una campaña tendenciosa iniciada por personas interesadas y de algunos medios de comunicación que busca frenar la aplicación del decreto PCM 028-2009 del Programa Nacional de Reparaciones. Los asistentes a la cuarta asamblea de víctimas de torturas, desapariciones forzadas, presos políticos y exiliados políticos llegaron a la capital, procedentes de los departamentos de Olancho, Cortés, Yoro, Francisco Morazán, Choluteca, Ocotepeque y El Paraíso. Uno de los principales acuerdos de la Asamblea fue el urgir del presidente de la República la instalación inmediata de la Comisión Nacional de Reparaciones, contemplada en dicho decreto, la cual debió haberse instalado entre la primera y segunda semana de enero, tal como lo prometió el presidente de la República, el pasado 10 de diciembre, en una conferencia de prensa. En la Asamblea también se conformó una Comisión Nacional que coordinará acciones regionales y locales para realizar incidencia y defensa del decreto, según lo expresaron ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde dieron a conocer los acuerdos tomados en la reunión. Jesús Antonio Chávez, vocero de la asamblea, expresó que por convocatoria del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estamos acá en asamblea nacional, porque sufrimos vejámenes en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que implantó el Estado de Honduras a través de sus fuerzas armadas y propiamente del Batallón de Inteligencia Militar 3-16. En la Asamblea hubo representación de las cuatro regiones
del país Añadió que queremos “manifestar que por acuerdo unánime de esta asamblea nacional hemos acordado la más grande y sólida unidad de todos los y las representantes acá presentes y además conformarnos en una comisión nacional de representantes para definir planes y plataformas operativas de trabajo, orientadas a lograr que esto sea efectivo”. Miselem resaltó que “queremos como una reivindicación nuestra, la formación de esa Comisión de la Verdad, queremos que se sepa quiénes fueron los culpables, si el sistema legal no hizo justicia con ellos, que la justicia social les caiga, que sus nombres sean conocidos como violadores de los derechos humanos y como antipatriotas”. El exiliado político, Javier Sánchez, recordó a la asamblea a aquellos que fueron víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, cuando expresó que deben reconocer nuestros derechos y reconocer nuestro dolor y la manera en que fuimos tratados y victimizados, los que fuimos torturados y desaparecidos. Melba Reyes y hermana de José María Reyes Mata, capturado y desaparecido por militares hondureños en 1983. Los que fuimos secuestrados, los que fuimos abusados sexualmente, los que sufrimos torturas físicas degradantes, torturas psicológicas, los que sufrimos la separación de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros padres, los que tuvimos que abandonar nuestro país y buscar el suelo amigo donde refugiarnos y hemos regresado para que se nos haga justicia. La ex exiliada política Melba Reyes y hermana de José María Reyes Mata, capturado y desaparecido por militares hondureños en 1983, apuntó que “estamos acá para exigirle al presidente de la República que proceda de inmediato a integrar esa comisión (Comisión Nacional de Reparaciones), creyendo que él va a cumplir lo que ha dicho en el artículo 6 de este mismo decreto, en el que establece que es de ejecución inmediata”. Precisó que “estamos aquí porque a través de los medios de comunicación se han escuchado voces disidentes y en contra y entonces estamos aquí para defender este decreto y hacer todo lo posible con acciones a nivel nacional y a nivel regional para que se cumpla lo contenido en el decreto”. Reyes precisó que consideramos al decreto incluyente, porque no abarca solo a una o dos familias, sino que a la totalidad de familias de asesinados, desaparecidos, de los que sufrieron torturas en cárceles clandestinas, de los que sufrieron exilio, de los que fueron víctimas en general de la política de Seguridad Nacional en las década de los ochenta y noventa”. En la Asamblea también se conformó una Comisión Nacional que coordinará acciones regionales y locales para realizar incidencia y defensa del decreto. “Se crea toda esta defensa alrededor del Cofadeh porque reconocemos que también este decreto no nos lo han regalado, es la culminación de una lucha de muchos años, una lucha que ha sido liderada durante 8 años por Cofadeh, entonces esas son las motivaciones por las cuales estamos aquí, apuntó la exiliada política, hermana del desaparecido José María Reyes Mata. El pasado 10 de diciembre, en el marco del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, el presidente Manuel Zelaya Rosales, entregó a la Coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva el decreto ejecutivo PCM 028-2008, aprobado en Consejo de ministros el 7 de octubre de 2008. El decreto sostiene que es necesaria la creación del Programa Nacional de Reparaciones dirigido a víctimas de violaciones a derechos humanos con base en los daños sufridos dentro de un contexto de violencia generalizada y que fue documentada y reconocida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Informe “Los hechos hablan por sí mismos” de 1993 del entonces comisionado Leo Valladares Lanza), para que se acojan las personas y familias que así lo deseen. El artículo 3 señala que la Comisión Nacional de Reparaciones diseñará e implementará la política del Programa Nacional de Reparaciones, preparará los reglamentos y manuales de instrucción para efectuar la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Administrará los recursos destinados a las reparaciones y brindará informes periódicos de los avances del proceso y preparará un proyecto legislativo para implementar una política nacional de derechos humanos. |
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Una
Asamblea Nacional de familiares y víctimas de torturas,
desapariciones forzadas, ex presos políticos y exiliados
políticos, acordó la conformación de comisiones
regionales comprometidas a defender el decreto que crea el Programa
Nacional de Reparaciones (PNR). 
Por
su parte, Nora Miselem, sobreviviente de torturas, sostuvo que
es importante que se nombre, tal y como está establecido
en el decreto la Comisión Nacional de Reparaciones, porque
queremos llegar al establecimiento de una Comisión de la
Verdad, porque como país no podemos escribir nuestra historia
si no recuperamos esa etapa negra de nuestro país.
“Esa
es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros estamos
aquí reunidos como asamblea, en donde estamos representados
todos los familiares de los desaparecidos, donde hay hijos, madres,
esposas, gente que fue torturada, exiliada, estamos acá
porque ya tenemos un plan de acción inmediata para darle
proceso de seguimiento a todo lo que en este decreto ejecutivo
se plantea”, resaltó Reyes.