Actualizado
12 enero 2009

Por decisión unánime, más de 40 familias de personas que sufrieron tortura, asesinato y desaparición forzada, decidieron acogerse al Programa Nacional de Reparaciones (PNR) creado por el gobierno mediante decreto PCN 028- 2008 y que busca resarcir económicamente por los daños morales y emocionales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

La decisión se tomó en la primera de una serie de reuniones que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) tiene previsto llevar a cabo a nivel nacional con familiares de las víctimas, con el propósito de socializar el decreto ejecutivo que contiene la creación del PNR.

El dirigente popular Juan Barahona que sufrió torturas y detención ilegal en la década de los ochenta dijo que hemos escuchado este día el contenido y los alcances de este decreto aprobado por el poder ejecutivo y nos hemos dado cuenta que ¨es un decreto que no es excluyente¨, que va para toda aquella persona y familiares que fueron desaparecidos, torturados en la década de los ochenta hasta el año 1993¨.

Barahona salió al paso de una campaña tendenciosa vertida en algunos medios de comunicación y que busca desacreditar al decreto, cuando expresó que ¨hay un interés en manipular y generar opiniones adversas a este decreto y a la organización de derechos humanos que está impulsando la aplicación del decreto como es el COFADEH¨. En alguna medida hay mala intención o falta de información pero hoy, los que hemos estado en esta reunión nos parece que ha sido muy importante, muy amplia y hemos llegado a conocer los alcances de este decreto, detalló.

La joven Karla Maldonado, hija de Jorge Alberto Maldonado Padilla, desaparecido en 1983 junto al padre James Francis Carney (padre Guadalupe) y el doctor José María Reyes Mata, entre otros, sostuvo que ¨ha habido bastante desinformación para el público, para nosotros como familiares, gracias a Dios convocaron a esta reunión porque todos hemos sufrido en la misma circunstancia, en distintos tiempos, hemos sufrido la misma situación.

Felipe Espino fue víctima de detención ilegal y torturas a manos de militares en 1980

Respecto al PNR, Maldonado añadió ¨que es muy bueno todo el proceso que se va a llevar a cabo y no lo que dijeron, de tener cantidades de dinero, no es eso, es un proceso para ir evitando que nuestras familias puedan seguir sufriendo de la misma desaparición, de no saber de nuestros familiares, que reconozca el gobierno qué hicieron con ellos¨. ¨Las familias que venimos nos unificamos y quedamos de acuerdo y lo más importante que aquellas familias que no vinieron, vamos a tratar de hablar personalmente con ellas para que nos podamos unir, no es asunto de que ya se solucionó todo, ni que nos sigan desinformando como han estado haciendo y también que los medios de comunicación busquen suficiente información para evitar que todo mundo quede confundido¨, recomendó.

Karla Maldonado denunció que la Fiscalía General de la República ha perdido en dos ocasiones el expediente sobre desaparición forzada sufrida por su padre Jorge Alberto Maldonado Padilla. ¨Nosotros desde 1995 metimos documentos, volvimos a meterlos en el 2001, hemos estado yendo, el abogado que se designó hasta ahora está conociendo algunos casos, entonces se tiene que buscar personal que pueda dar un seguimiento, porque viene sin ninguna información y no encuentran los expedientes, ¿qué es lo que pasa en la fiscalía, en quién podemos confiar para resolver los casos?¨, se preguntó Maldonado.

Por su parte Felipe Espino que llegó procedente del departamento de Olancho y que fue víctima de detención ilegal y torturas a manos de militares en 1980, expresó que ¨hay unidad en los que hemos sido víctimas como los familiares de los desaparecidos y creo que se va a formar un bloque común para hacerle frente a los que siempre han tenido la protección del mismo estado y que han sido siempre inmunes a la justicia¨.

Al referirse a las críticas vertidas en algunos medios de comunicación contra el decreto ejecutivo, Espino señaló que ¨era de esperarse, la sociedad hondureña tiene enemigos, yo le digo a la población que la mayoría de medios en Honduras están tomados por las élites de poder, por los enemigos de la clase desposeída y no vamos a esperar algo bueno¨. Representantes de más de 40 familias asistieron a la primera de una serie de reuniones, que el COFADEH sostendrá con familias de las víctimas de la desaparición forzada y asesinato en el período comprendido de 1980 a 1993, con el objetivo de socializar el decreto ejecutivo 028-2008 que crea el Programa Nacional de Reparaciones (PNR).

El pasado 10 de diciembre, día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Manuel Zelaya Rosales pidió perdón a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos y anunció la aprobación del decreto ejecutivo. En aquella oportunidad Zelaya Rosales dijo que este decreto es “con el fin de crear conciencia de la vergüenza que hoy tiene el Estado hondureño histórica, de la vergüenza que sufrimos los hondureños cuando en esas épocas existió un terrible desprecio a la vida y a la humanidad, de las personas que cometieron estos crímenes”.

El mandatario agregó que “creo que Honduras está obligada no solo a hacer estas reparaciones sino a reconocer sus errores y que los cargos de conciencia sirvan para no olvidarnos aunque perdonemos, no sabemos olvidar cuando cometemos este tipo de atropellos en contra de la humanidad”. En uno de los considerandos, el decreto establece que dichos principios demandan de una gestión pública racional, efectiva, pronta y equitativa para el beneficio de las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos durante el período de 1980 a 1993 y que es necesario crear el Programa Nacional de Reparaciones (PNR) dirigido a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Más adelante el decreto sostiene que el Estado de Honduras ha sido demandando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones a los derechos humanos de Ana Suyapa Rivera Sierra, Gilda María Rivera Sierra, Adán Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Puerto, el 26 de abril de 2007 (más conocido como el caso 6 estudiantes).

Señala también que el Estado de Honduras inició en 1997, un procedimiento de “solución amistosa” para solventar casos sobre desapariciones forzadas de ciudadanos hondureños acaecidas en la década de los años ochenta. De estos casos se señala el de Tomás Nativí (desaparecido el 11 de junio de 1981) y que quedó pendiente de resolución bajo reserva de derecho de su esposa Bertha Oliva y su hijo Tomás Alberto Nativí, depositado en la Comisión Interamericana en marzo de 2001. Por lo que resulta necesario proceder a resolverlo en forma efectiva y adecuada mediante el procedimiento de solución amistosa y con la participación activa y propositiva de su esposa e hijo, añade el decreto.

El PNR adscrito a la Presidencia de la República, tiene como propósito específico, resarcir en forma individual o colectiva a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, cometidos durante la década de 1980. El Programa creará la Comisión Nacional de Reparaciones que será integrada por un delegado del presidente de la República quien la presidirá, el Procurador General de la República, el ministro o ministra de Finanzas o un delegado nombrado por ésta, el ministro de Gobernación y Justicia, un representante del Cofadeh y un experto independiente nacional o internacional.