| Contáctenos |
|---|
|
||
Actualizado
En conferencia de prensa organizaciones del movimiento social fijaron su respaldo al decreto ejecutivo PCM-028/2008 que crea el Programa Nacional de Reparaciones (PNR) para víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridas en el período de 1980 a 1993, durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Representantes de varias organizaciones firmaron el comunicado y expresaron públicamente su respaldo al trabajo que durante 26 años ha desarrollado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su lucha por la verdad, la justicia, el rescate de la memoria histórica, la plena tutela de los derechos humanos y el combate a la impunidad. COMUNICADO EL Bloque Popular y diferentes organizaciones del movimiento social hondureño comparecemos hoy en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) con el propósito de expresar públicamente nuestro pleno respaldo al trabajo que ha desarrollado durante 26 años por el derecho a la verdad, la justicia, el rescate de la memoria histórica, la plena tutela de los derechos humanos y el combate a la impunidad en nuestro país. Y de manera particular al Decreto Ejecutivo PCM-028/2008 que crea el Programa Nacional de Reparaciones (PNR) para víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridas en el período de 1980 a 1993, durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, como punto de partida para crear una política nacional de derechos humanos. Las organizaciones comparecientes expresamos que la implementación del Programa Nacional de Reparaciones (PNR) representa la voluntad política del Estado de Honduras de reconocer que durante 13 años cometió violaciones flagrantes en forma sistemática contra la seguridad, la libertad y la vida de centenares de hombres y mujeres en el país, que disentían del régimen civil-militar. Reconocemos, que el decreto PCM-028/2008 es amplio e incluyente, suficientemente claro para comprender que es obligación del Estado resarcir los daños morales, patrimoniales y económicos a las víctimas de sus agentes investidos de poder y autoridad, que actuaron al margen de la Ley. No se puede olvidar que las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas cometidas por el Estado son delitos contra la humanidad, que afectan a todo el tejido social de un país, una región o un continente. En tal sentido, y en procura de iniciar la implementación del PNR, exhortamos al Presidente de la República que conforme a la mayor brevedad posible la Comisión Nacional de Reparaciones como lo anunciara el 10 de diciembre de 2008, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Convocamos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, víctimas de violaciones a derechos humanos durante el período 1980 a 1993 que no permitan la desinformación y manipulación con respecto al Decreto y que acudan a las oficinas del Cofadeh para ser debidamente orientados en relación al Programa. Tegucigalpa, M.D.C., miércoles 21 de Enero de 2009 Congreso Bolivariano de los Pueblos |
||
