Tegucigalpa,
M.D.C.,
25 de junio de 2004
Licenciado
RICARDO MADURO
Presidente Constitucional de La República.
Su Despacho
Excelentísimo Señor Presidente:
Nosotros, las organizaciones responsables de la Marcha
Nacional por la Vida , nos dirigimos a Usted, para exponerle
las preocupaciones colectivas ante la degradación acelerada
de los recursos naturales en nuestro país y demandarle
las soluciones pertinentes.
La Marcha Nacional por la Vida es expresión colectiva
del reclamo y la propuesta unánimes frente a las políticas
que privilegian los proyectos transnacionales de saqueo, depredación
y acaparamiento de los recursos naturales, en perjuicio de
la vida de todos nosotros en las comunidades que habitamos.
Su Gobierno debe recibir las voces de esta Marcha como el
clamor de los cuatro puntos cardinales de Honduras.
Debe reconocerla como una plataforma social unitaria de defensa
del Medio Ambiente, con plena participación, sin distinción
de etnia, sexo, idioma, religión u opinión política.
La Marcha Nacional por la Vida tiene su origen en la primera
marcha realizada desde Juticalpa en Junio del año pasado
y le da continuidad, porque sus demandas tienen plena vigencia
aún.
Hoy reafirmamos, a una sola voz, que esta Marcha Nacional
por la Vida seguirá vigente, en tanto no sea respetado
el derecho de la población al acceso justo, equitativo
y responsable del recurso tierra, bosque, agua, aire puro,
fauna, minerales y otros recursos naturales.
Las y los participantes en la Marcha Nacional por la Vida
, procedentes de los diferentes sectores geográficos
del país, enunciamos los siguientes principios:
PRINCIPIOS:
- Toda
persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente
sano, que garantice su salud y bienestar.
- La
Constitución de la República establece que
el Estado de Honduras tiene la obligación irrenunciable
de proteger y mejorar el medio ambiente, para las generaciones
presentes y futuras.
- Entendemos
la defensa de los recursos naturales, renovables y no
renovables, como la defensa del derecho a la vida, estrechamente
vinculados con la garantía de los demás
derechos humanos.
- El
abandono del Estado de sus obligaciones constitucionales
hace que las comunidades se conviertan en los principales
defensores del medio ambiente.
- Las
comunidades, y la sociedad en general, reconocemos en
el Estado al primer responsable de garantizar el manejo
sostenible de los recursos naturales.
- Las
actuales políticas económicas privilegian
el capital sobre la vida, y exponen al país a nuevos
desastres naturales.
- Las
políticas, programas y proyectos económicos
y sociales, estatales y privados, deben enmarcarse en
los valores ecológicos, ambientales y sociales,
antes que en el dinero.
- El
manejo sostenible de los recursos naturales es un factor
determinante para la superación de la pobreza,
la discriminación social y la prevención
de los desastres naturales.
- Las
soluciones a los problemas medioambientales de Honduras
no pueden darse sin la participación protagónica
de cada hondureña y hondureño, en cualquier
comunidad en la que viva.
- La
tierra, los bosques, el agua, el aire y la biodiversidad,
son patrimonio de los pueblos, en sus respectivos territorios,
por lo que dichos recursos no deben ser privatizados.
En
contraposición a estos principios, denunciamos la realidad
que debe ser cambiada en los próximos meses y años,
empezando ayer:
Tala despiadada y sin control de los bosques de pino y latífoliado,
incluyendo el mangle.
La posición del Congreso Nacional y el Ejecutivo de
insistir en aprobar una nueva Ley Forestal puramente extractiva,
que no cuenta con el consenso de la sociedad ni recoge las
aspiraciones de las organizaciones que han seguido el proceso
en los últimos cuatro años.
Desertificación gradual y progresiva de las fuentes
de agua, debido al manejo irracional de los bosques.
La pérdida creciente de la soberanía nacional
y de los recursos marinos, en ambos litorales: Atlántico
y Pacífico.
Creciente contaminación química y biológica
de las fuentes, cuencas y causes del agua dulce y marina.
La planificación de megaproyectos hidroeléctricos
sin estudio de impacto ambiental y humano; ejemplo: Represa
El Tigre, Energisa, Patuca I y II, entre otros.
Destrucción de las corrientes superficiales y subterráneas
de agua por parte de la industria minera, que contamina a
las comunidades con plomo, mercurio, arsénico y otros
metales pesados, generando graves enfermedades entre la población.
Desplazamiento de poblaciones rurales y expropiación
de sus tierras, por las explotaciones mineras.
La entrega de bienes estratégicos, como el agua potable,
a intereses extranjeros.
Destrucción de manglares y toda su biodiversidad por
parte de la industria camaronera, en continua expansión,
vulnerando los derechos humanos de las comunidades locales.
Destrucción de manglares, lagunas y toda su rica biodiversidad
por parte de la industria camaronera expansiva, que vulnera
a las comunidades adyacentes.
La injusta distribución de las tierras de vocación
agrícola, que empuja a los campesinos a emigrar hacia
las tierras de vocación forestal, generando un uso
inadecuado de los suelos.
La falta de ejecución de la Reforma Agraria convierte
al agro asechado, invadido y saqueado en fábrica de
emigración interna y externa, que impacta las áreas
urbanas ya sobre pobladas.
Desprotección absoluta de los trabajadores industriales
y de servicios, incluyendo niños víctimas de
las peores formas de trabajo infantil en zonas agroindustriales
sin control.
La mercantilización extrema y la entrega a empresas
transnacionales de las zonas costeras para fines turísticos
y residenciales; por ejemplo: el Proyecto Bahía de
Tela, los condominios de Guanaja y el Club de Coyolito
La venta, en calidad de “patentes exclusivas”, de las riquezas
botánicas del país a monstruos farmacéuticos
transnacionales.
El abandono de las áreas protegidas y su traspaso a
manos privadas, para usufructo personal en perjuicio de la
población.
La voracidad de poderosos empresarios que se apoderan ilegalmente
de zonas claves, despojando a sus moradores originarios de
sus derechos y tradiciones, bajo el pretexto de conservar
la naturaleza.
Los préstamos internacionales que fortalecen un sistema
de corrupción que vence al pueblo en el “combate a
la pobreza” y lo vuelve más miserable.
Las periódicas condonaciones, subsidios, exenciones
de impuestos y otras canonjías que se otorgan a los
grandes agro exportadores, “inversionistas del campo”, que
no son más que funcionarios y políticos.
Ante estas realidades amenazantes, los participantes en la
Marcha Nacional por la Vida , reclamamos y proponemos:
Al Gobierno:
-
No aprobar el proyecto y dictamen de la llamada nueva
Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida
Silvestre , pues el mismo está orientado a concesionar
los recursos del bosque a compañías nacionales
y extranjeras, cuyo fin es la explotación irracional.
Esta legislación “sin dientes”, que no castiga
la mala praxis de la prostituida COHDEFOR y otras instancias
propuestas en el anteproyecto, pasa por encima de principios
universales vigentes en la legislación actual,
entre otros: el derecho de las comunidades a aprovechar
sus recursos forestales y la obligación del Estado
de recuperar las tierras forestales ilegalmente ocupadas.
Lo que proponemos es una reforma consensuada a la legislación
forestal actual, manteniendo una visión diferenciada
de los aspectos forestales, áreas protegidas y
vida silvestre.
-
Decretar, ejecutar y controlar una veda inmediata a la
tala de bosques, en forma escalonada a nivel nacional,
empezando por Olancho, hasta tanto el gobierno haya ejecutado
las siguientes acciones:
-
Depuración participativa, no cosmética
ni demagógica, de la AFE-COHDEFOR.
-
Auditoria a los recursos forestales por una firma
internacional calificada, con participación
de las comunidades y organizaciones involucradas en
el buen manejo de los recursos naturales.
-
Decretar una veda general en la Biosfera del Río
Plátano y las zonas núcleo de todas las
áreas protegidas.
-
Decretar una veda al menos por veinte anos en los municipios
del país que ya presentan niveles de desertificación.
-
Proceder de inmediato a la revisión de los programas
y proyectos forestales, a efecto de enmarcarlos en las
políticas de reducción de la pobreza mediante
la participación de las comunidades en el manejo
y aprovechamiento del recurso.
-
Preparar y desarrollar planes y proyectos de producción
y manejo forestal sostenible, en coordinación con
las comunidades del entorno territorial en beneficio de
éstas.
-
Ejecutar el sistema social forestal establecido en la
Legislación forestal vigente.
-
Fomentar las auditorias sociales, de manera que sean los
ciudadanos quienes supervisen el comportamiento de las
industrias y funcionarios forestales, a través
de tribunales forestales regionales.
-
Formular una política Nacional Agroforestal, que
armonice las políticas forestales y agrícolas.
-
Aprobar una nueva Ley de Reforma Agraria tomando como
base el Anteproyecto de Ley presentado por el Movimiento
Campesino al Presidente del Congreso Nacional, el 17 de
abril del 2002 .
-
Desarrollar en forma consensuada una política que
apoye, fortalezca y promueva la agricultura campesina,
como una estrategia de seguridad y soberanía alimentaría
.
-
Realizar un ordenamiento integral del territorio Nacional
ampliamente concertado, en el que se incluyan los aspectos
ambientales, económicos, demográficos y
sociales, sin esa visión impositiva, desenfrenada
por convertir a Honduras en un mercado nacional e internacional
de tierras. “Obviar la concertación en cualquiera
de sus formas en lugares en donde la propiedad es comunitaria,
sólo ocasionará conflictos” (Declaración
de Masca).
-
Fortalecer los organismos de gestión y fiscalización,
particularmente la Dirección General de Evaluación
y Control ambiental de la SERNA , la Procuraduría
del Ambiente y la Fiscalía del Ambiente, para que
actúen en coordinación con los tribunales
regionales, de tal modo que la Ley General del Ambiente
y la legislación Forestal sean aplicadas en toda
su extensión, sancionando tanto a depredadores
como a funcionarios corruptos.
-
Realizar el ordenamiento catastral y registral de los
bosques de los terrenos forestales, y realizar el respectivo
registro en el catálogo del patrimonio Forestal
inalienable. Así mismo, realizar la recuperación
de oficio de los terrenos forestales estatales, ocupados
ilegalmente por particulares, tal como manda la Ley Forestal
vigente.
-
Abolir el carácter delictivo de la Ley General
de Minería, aprobada en pleno huracán Mitch,
porque entrega impunemente las riquezas del subsuelo a
transnacionales inescrupulosas que pactan con funcionarios
locales corruptos. Esto incluye el cierre de la Dirección
de Fomento de la Minería y su sustitución
por otro organismo que atienda los intereses nacionales,
antes que a los extranjeros. Que dictamine a favor de
los pueblos, no en su contra. En consecuencia, se exige:
1. Eliminar las concesiones mineras otorgadas entre 1989
y 2004, declarando una moratoria a nuevas concesiones
mientras la Ley es cambiada
2.- Reformar la Ley de Minería, subordinándola
a las actuales Leyes existentes, considerando que su condición
actual atenta contra los intereses del pueblo a nivel
nacional.
3.- Declarar traidores a la Patria a quienes impulsaron
y defienden la actual Ley de Minería.
- Cumplir
los acuerdos internacionales y los principios ambientales
suscritos por Honduras, con énfasis en aquellos
que declaran la Biosfera del Río Plátano
y las Áreas Protegidas como patrimonio de la humanidad,
sometidas hoy a un tráfico intenso de madera y
especies animales.
- Declarar,
ejecutar y controlar una moratoria total, inmediata, a
la expansión de la acuacultura del camarón,
en consideración a los negativos impactos contra
los bosques de mangle, lagunas, diversidad biológica,
ambiente costero marino, seguridad ciudadana y economía
de las comunidades locales.
- Recuperar
en beneficio de miles de pescadoras y pescadores artesanales
del Golfo de Fonseca, los ecosistemas que hayan sido convertidos
fraudulentamente en fincas camaroneras.
- Respetar
las normas establecidas por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), tanto en fábricas, zonas maquiladoras,
campos de cultivo u otros espacios ocupacionales que suelen
tener prácticas ambientales y laborales lesivas.
- Reformar
los programas de educación para incorporar principios
y conocimientos a favor del medio ambiente entre la niñez
y la juventud.
- Cancelar
de inmediato la carretera Sico-Ciriboya y San Antonio
El Mirador, porque además de impactar la Biosfera
del Río Plátano y la cordillera Capiro y
Calentura, afecta directamente las fuentes de agua dulce
de las comunidades garífunas como consta en denuncia
interpuesta ante la Fiscalía del Medio Ambiente
en Junio de 2001.
- Derogar
el Decreto Legislativo 90-90, que faculta y legitima la
venta de los terrenos continentales y marítimos,
que abre espacio inconstitucional a la venta de la Bahía
de Tela, para el desarrollo de proyectos invasivos multimillonarios.
- Cumplir
el Acuerdo Ejecutivo para solucionar el problema de Punta
Piedra y San José de la Punta , Departamento de
Colón, que han sido invadidas por deforestadores
feroces que afectan el hábitat garífuna.
De
los Organismos Internacionales :
- Que
paren de presionar al Gobierno de Honduras, para la emisión
de leyes orientadas a destruir el medio ambiente y a favorecer
a los poderosos, especialmente el Proyecto de Ley Forestal
financiado por el Banco Mundial.
- Que
exijan el respeto en la aplicación de las normas
y políticas internacionales ambientales suscritas
por Honduras.
- Que
se dejen de cinismo y haya coherencia entre los diferentes
organismos internacionales en la aplicación de
políticas que no atenten contra el medio ambiente.
- Apoyar
los esfuerzos de las organizaciones sociales que promueven
el aumento de la conciencia pública y la vigilancia
ciudadana en el respeto del medio ambiente.
- Respetar
el principio del carácter estratégico del
agua, estableciendo que no puede ser cedida bajo ningún
concepto a personas naturales o jurídicas extranjeras.
- Reconocer
que el modelo de ajuste neoliberal acentúa la vulnerabilidad
social y ecológica de Honduras, como quedó
comprobado con la tragedia del huracán Mitch y
otras.
De
la sociedad civil hondureña:
- Mayor
esfuerzo en proteger y fomentar el medioambiente mediante
la acción solidaria, con visión nacional
desde el ámbito local.
- No
podremos ejercer el derecho al medio ambiente si no disponemos
de información en cantidad y calidad suficiente
para poder reclamar ante las entidades públicas
y privadas. El principio de transparencia y rendición
de cuentas debe ser exigido al gobierno central y gobiernos
municipales.
- Toda
persona, individual u organizada, y todas las comunidades
tienen el deber de asumir por su propia cuenta la protección
y el fomento del medio ambiente por los medios que le
sean posible, como ha ocurrido en Olancho, Intibucá,
Copán, Ocotepeque, Choluteca y otros departamentos.
Esta responsabilidad se llevará a cabo enfrentando
a quienes explotan irracionalmente los recursos naturales
o impulsan modelos de producción y consumo insostenibles,
inamistosos con la Naturaleza.
- Todas
las comunidades tienen el deber de cooperar entre sí
en la defensa del medio ambiente. Las organizaciones ciudadanas
velarán para que no se introduzcan en esa lucha
prácticas corruptas o desleales que atenten contra
los objetivos generales.
- La
sociedad hondureña tiene la obligación de
heredar un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado a las generaciones futuras.
Reiterándole
nuestra respeto de Usted,
Atentamente por la Comisión Nacional de la Marcha por
la Vida :
- P.
Andrés Tamayo
- Roger
Escober
- Berta
Oliva de Nativí
- Jorge
Varela
- P.
Osmin Flores
- Walter
E. Ulloa
- Angel
Amilcar Colón
- Rufino
Rodríguez
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