Documento: "Marcha por la Vida"

Tegucigalpa, M.D.C.,
25 de junio de 2004

Licenciado
RICARDO MADURO
Presidente Constitucional de La República.
Su Despacho

Excelentísimo Señor Presidente:

Nosotros, las organizaciones responsables de la Marcha Nacional por la Vida , nos dirigimos a Usted, para exponerle las preocupaciones colectivas ante la degradación acelerada de los recursos naturales en nuestro país y demandarle las soluciones pertinentes.

La Marcha Nacional por la Vida es expresión colectiva del reclamo y la propuesta unánimes frente a las políticas que privilegian los proyectos transnacionales de saqueo, depredación y acaparamiento de los recursos naturales, en perjuicio de la vida de todos nosotros en las comunidades que habitamos.

Su Gobierno debe recibir las voces de esta Marcha como el clamor de los cuatro puntos cardinales de Honduras.

Debe reconocerla como una plataforma social unitaria de defensa del Medio Ambiente, con plena participación, sin distinción de etnia, sexo, idioma, religión u opinión política.

La Marcha Nacional por la Vida tiene su origen en la primera marcha realizada desde Juticalpa en Junio del año pasado y le da continuidad, porque sus demandas tienen plena vigencia aún.

Hoy reafirmamos, a una sola voz, que esta Marcha Nacional por la Vida seguirá vigente, en tanto no sea respetado el derecho de la población al acceso justo, equitativo y responsable del recurso tierra, bosque, agua, aire puro, fauna, minerales y otros recursos naturales.

Las y los participantes en la Marcha Nacional por la Vida , procedentes de los diferentes sectores geográficos del país, enunciamos los siguientes principios:

PRINCIPIOS:

  • Toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que garantice su salud y bienestar.
  • La Constitución de la República establece que el Estado de Honduras tiene la obligación irrenunciable de proteger y mejorar el medio ambiente, para las generaciones presentes y futuras.
  • Entendemos la defensa de los recursos naturales, renovables y no renovables, como la defensa del derecho a la vida, estrechamente vinculados con la garantía de los demás derechos humanos.
  • El abandono del Estado de sus obligaciones constitucionales hace que las comunidades se conviertan en los principales defensores del medio ambiente.
  • Las comunidades, y la sociedad en general, reconocemos en el Estado al primer responsable de garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales.
  • Las actuales políticas económicas privilegian el capital sobre la vida, y exponen al país a nuevos desastres naturales.
  • Las políticas, programas y proyectos económicos y sociales, estatales y privados, deben enmarcarse en los valores ecológicos, ambientales y sociales, antes que en el dinero.
  • El manejo sostenible de los recursos naturales es un factor determinante para la superación de la pobreza, la discriminación social y la prevención de los desastres naturales.
  • Las soluciones a los problemas medioambientales de Honduras no pueden darse sin la participación protagónica de cada hondureña y hondureño, en cualquier comunidad en la que viva.
  • La tierra, los bosques, el agua, el aire y la biodiversidad, son patrimonio de los pueblos, en sus respectivos territorios, por lo que dichos recursos no deben ser privatizados.

En contraposición a estos principios, denunciamos la realidad que debe ser cambiada en los próximos meses y años, empezando ayer:

Tala despiadada y sin control de los bosques de pino y latífoliado, incluyendo el mangle.

La posición del Congreso Nacional y el Ejecutivo de insistir en aprobar una nueva Ley Forestal puramente extractiva, que no cuenta con el consenso de la sociedad ni recoge las aspiraciones de las organizaciones que han seguido el proceso en los últimos cuatro años.

Desertificación gradual y progresiva de las fuentes de agua, debido al manejo irracional de los bosques.

La pérdida creciente de la soberanía nacional y de los recursos marinos, en ambos litorales: Atlántico y Pacífico.

Creciente contaminación química y biológica de las fuentes, cuencas y causes del agua dulce y marina.

La planificación de megaproyectos hidroeléctricos sin estudio de impacto ambiental y humano; ejemplo: Represa El Tigre, Energisa, Patuca I y II, entre otros.

Destrucción de las corrientes superficiales y subterráneas de agua por parte de la industria minera, que contamina a las comunidades con plomo, mercurio, arsénico y otros metales pesados, generando graves enfermedades entre la población.

Desplazamiento de poblaciones rurales y expropiación de sus tierras, por las explotaciones mineras.

La entrega de bienes estratégicos, como el agua potable, a intereses extranjeros.

Destrucción de manglares y toda su biodiversidad por parte de la industria camaronera, en continua expansión, vulnerando los derechos humanos de las comunidades locales.

Destrucción de manglares, lagunas y toda su rica biodiversidad por parte de la industria camaronera expansiva, que vulnera a las comunidades adyacentes.

La injusta distribución de las tierras de vocación agrícola, que empuja a los campesinos a emigrar hacia las tierras de vocación forestal, generando un uso inadecuado de los suelos.

La falta de ejecución de la Reforma Agraria convierte al agro asechado, invadido y saqueado en fábrica de emigración interna y externa, que impacta las áreas urbanas ya sobre pobladas.

Desprotección absoluta de los trabajadores industriales y de servicios, incluyendo niños víctimas de las peores formas de trabajo infantil en zonas agroindustriales sin control.

La mercantilización extrema y la entrega a empresas transnacionales de las zonas costeras para fines turísticos y residenciales; por ejemplo: el Proyecto Bahía de Tela, los condominios de Guanaja y el Club de Coyolito

La venta, en calidad de “patentes exclusivas”, de las riquezas botánicas del país a monstruos farmacéuticos transnacionales.

El abandono de las áreas protegidas y su traspaso a manos privadas, para usufructo personal en perjuicio de la población.

La voracidad de poderosos empresarios que se apoderan ilegalmente de zonas claves, despojando a sus moradores originarios de sus derechos y tradiciones, bajo el pretexto de conservar la naturaleza.

Los préstamos internacionales que fortalecen un sistema de corrupción que vence al pueblo en el “combate a la pobreza” y lo vuelve más miserable.

Las periódicas condonaciones, subsidios, exenciones de impuestos y otras canonjías que se otorgan a los grandes agro exportadores, “inversionistas del campo”, que no son más que funcionarios y políticos.

Ante estas realidades amenazantes, los participantes en la Marcha Nacional por la Vida , reclamamos y proponemos:

Al Gobierno:

  1. No aprobar el proyecto y dictamen de la llamada nueva Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre , pues el mismo está orientado a concesionar los recursos del bosque a compañías nacionales y extranjeras, cuyo fin es la explotación irracional. Esta legislación “sin dientes”, que no castiga la mala praxis de la prostituida COHDEFOR y otras instancias propuestas en el anteproyecto, pasa por encima de principios universales vigentes en la legislación actual, entre otros: el derecho de las comunidades a aprovechar sus recursos forestales y la obligación del Estado de recuperar las tierras forestales ilegalmente ocupadas. Lo que proponemos es una reforma consensuada a la legislación forestal actual, manteniendo una visión diferenciada de los aspectos forestales, áreas protegidas y vida silvestre.
  2. Decretar, ejecutar y controlar una veda inmediata a la tala de bosques, en forma escalonada a nivel nacional, empezando por Olancho, hasta tanto el gobierno haya ejecutado las siguientes acciones:
    1. Depuración participativa, no cosmética ni demagógica, de la AFE-COHDEFOR.
    2. Auditoria a los recursos forestales por una firma internacional calificada, con participación de las comunidades y organizaciones involucradas en el buen manejo de los recursos naturales.
  3. Decretar una veda general en la Biosfera del Río Plátano y las zonas núcleo de todas las áreas protegidas.
  4. Decretar una veda al menos por veinte anos en los municipios del país que ya presentan niveles de desertificación.
  5. Proceder de inmediato a la revisión de los programas y proyectos forestales, a efecto de enmarcarlos en las políticas de reducción de la pobreza mediante la participación de las comunidades en el manejo y aprovechamiento del recurso.
  6. Preparar y desarrollar planes y proyectos de producción y manejo forestal sostenible, en coordinación con las comunidades del entorno territorial en beneficio de éstas.
  7. Ejecutar el sistema social forestal establecido en la Legislación forestal vigente.
  8. Fomentar las auditorias sociales, de manera que sean los ciudadanos quienes supervisen el comportamiento de las industrias y funcionarios forestales, a través de tribunales forestales regionales.
  9. Formular una política Nacional Agroforestal, que armonice las políticas forestales y agrícolas.
  10. Aprobar una nueva Ley de Reforma Agraria tomando como base el Anteproyecto de Ley presentado por el Movimiento
    Campesino al Presidente del Congreso Nacional, el 17 de abril del 2002 .
  11. Desarrollar en forma consensuada una política que apoye, fortalezca y promueva la agricultura campesina, como una estrategia de seguridad y soberanía alimentaría .
  12. Realizar un ordenamiento integral del territorio Nacional ampliamente concertado, en el que se incluyan los aspectos ambientales, económicos, demográficos y sociales, sin esa visión impositiva, desenfrenada por convertir a Honduras en un mercado nacional e internacional de tierras. “Obviar la concertación en cualquiera de sus formas en lugares en donde la propiedad es comunitaria, sólo ocasionará conflictos” (Declaración de Masca).
  13. Fortalecer los organismos de gestión y fiscalización, particularmente la Dirección General de Evaluación y Control ambiental de la SERNA , la Procuraduría del Ambiente y la Fiscalía del Ambiente, para que actúen en coordinación con los tribunales regionales, de tal modo que la Ley General del Ambiente y la legislación Forestal sean aplicadas en toda su extensión, sancionando tanto a depredadores como a funcionarios corruptos.
  14. Realizar el ordenamiento catastral y registral de los bosques de los terrenos forestales, y realizar el respectivo registro en el catálogo del patrimonio Forestal inalienable. Así mismo, realizar la recuperación de oficio de los terrenos forestales estatales, ocupados ilegalmente por particulares, tal como manda la Ley Forestal vigente.
  15. Abolir el carácter delictivo de la Ley General de Minería, aprobada en pleno huracán Mitch, porque entrega impunemente las riquezas del subsuelo a transnacionales inescrupulosas que pactan con funcionarios locales corruptos. Esto incluye el cierre de la Dirección de Fomento de la Minería y su sustitución por otro organismo que atienda los intereses nacionales, antes que a los extranjeros. Que dictamine a favor de los pueblos, no en su contra. En consecuencia, se exige:

    1. Eliminar las concesiones mineras otorgadas entre 1989 y 2004, declarando una moratoria a nuevas concesiones mientras la Ley es cambiada
    2.- Reformar la Ley de Minería, subordinándola a las actuales Leyes existentes, considerando que su condición actual atenta contra los intereses del pueblo a nivel nacional.
    3.- Declarar traidores a la Patria a quienes impulsaron y defienden la actual Ley de Minería.
  16. Cumplir los acuerdos internacionales y los principios ambientales suscritos por Honduras, con énfasis en aquellos que declaran la Biosfera del Río Plátano y las Áreas Protegidas como patrimonio de la humanidad, sometidas hoy a un tráfico intenso de madera y especies animales.
  17. Declarar, ejecutar y controlar una moratoria total, inmediata, a la expansión de la acuacultura del camarón, en consideración a los negativos impactos contra los bosques de mangle, lagunas, diversidad biológica, ambiente costero marino, seguridad ciudadana y economía de las comunidades locales.
  18. Recuperar en beneficio de miles de pescadoras y pescadores artesanales del Golfo de Fonseca, los ecosistemas que hayan sido convertidos fraudulentamente en fincas camaroneras.
  19. Respetar las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto en fábricas, zonas maquiladoras, campos de cultivo u otros espacios ocupacionales que suelen tener prácticas ambientales y laborales lesivas.
  20. Reformar los programas de educación para incorporar principios y conocimientos a favor del medio ambiente entre la niñez y la juventud.
  21. Cancelar de inmediato la carretera Sico-Ciriboya y San Antonio El Mirador, porque además de impactar la Biosfera del Río Plátano y la cordillera Capiro y Calentura, afecta directamente las fuentes de agua dulce de las comunidades garífunas como consta en denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Medio Ambiente en Junio de 2001.
  22. Derogar el Decreto Legislativo 90-90, que faculta y legitima la venta de los terrenos continentales y marítimos, que abre espacio inconstitucional a la venta de la Bahía de Tela, para el desarrollo de proyectos invasivos multimillonarios.
  23. Cumplir el Acuerdo Ejecutivo para solucionar el problema de Punta Piedra y San José de la Punta , Departamento de Colón, que han sido invadidas por deforestadores feroces que afectan el hábitat garífuna.

De los Organismos Internacionales :

  1. Que paren de presionar al Gobierno de Honduras, para la emisión de leyes orientadas a destruir el medio ambiente y a favorecer a los poderosos, especialmente el Proyecto de Ley Forestal financiado por el Banco Mundial.
  2. Que exijan el respeto en la aplicación de las normas y políticas internacionales ambientales suscritas por Honduras.
  3. Que se dejen de cinismo y haya coherencia entre los diferentes organismos internacionales en la aplicación de políticas que no atenten contra el medio ambiente.
  4. Apoyar los esfuerzos de las organizaciones sociales que promueven el aumento de la conciencia pública y la vigilancia ciudadana en el respeto del medio ambiente.
  5. Respetar el principio del carácter estratégico del agua, estableciendo que no puede ser cedida bajo ningún concepto a personas naturales o jurídicas extranjeras.
  6. Reconocer que el modelo de ajuste neoliberal acentúa la vulnerabilidad social y ecológica de Honduras, como quedó comprobado con la tragedia del huracán Mitch y otras.

De la sociedad civil hondureña:

  1. Mayor esfuerzo en proteger y fomentar el medioambiente mediante la acción solidaria, con visión nacional desde el ámbito local.
  2. No podremos ejercer el derecho al medio ambiente si no disponemos de información en cantidad y calidad suficiente para poder reclamar ante las entidades públicas y privadas. El principio de transparencia y rendición de cuentas debe ser exigido al gobierno central y gobiernos municipales.
  3. Toda persona, individual u organizada, y todas las comunidades tienen el deber de asumir por su propia cuenta la protección y el fomento del medio ambiente por los medios que le sean posible, como ha ocurrido en Olancho, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Choluteca y otros departamentos. Esta responsabilidad se llevará a cabo enfrentando a quienes explotan irracionalmente los recursos naturales o impulsan modelos de producción y consumo insostenibles, inamistosos con la Naturaleza.
  4. Todas las comunidades tienen el deber de cooperar entre sí en la defensa del medio ambiente. Las organizaciones ciudadanas velarán para que no se introduzcan en esa lucha prácticas corruptas o desleales que atenten contra los objetivos generales.
  5. La sociedad hondureña tiene la obligación de heredar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado a las generaciones futuras.

Reiterándole nuestra respeto de Usted,
Atentamente por la Comisión Nacional de la Marcha por la Vida :

  • P. Andrés Tamayo
  • Roger Escober
  • Berta Oliva de Nativí
  • Jorge Varela
  • P. Osmin Flores
  • Walter E. Ulloa
  • Angel Amilcar Colón
  • Rufino Rodríguez
 
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