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Situación de los Derechos Humanos en Honduras
Resumen 2004

Durante el año 2004 los hondureños hemos observado como las primeras planas de los diferentes medios de comunicación se han teñido de rojo y la intolerancia y discriminación contra ciertos sectores de la población se amplían en forma progresiva. También hemos observado con preocupación como las medidas de seguridad y las fuertes campañas contra la delincuencia y el crimen organizado se imponen sobre los más elementales derechos humanos. Se planta en forma estratégica la nube de la sospecha sobre los barrios mas pobres de las principales ciudades del país a causa de la actividad presunta de algunos jóvenes residentes en esas comunidades, creando incertidumbre estigmatización y potenciando el miedo entre la ciudadanía para introducir políticas y medidas legislativas con intereses electorales en el mediano o corto plazo, medidas que riñen con los derechos fundamentales y los tratados internacionales de los derechos humanos.

Utilizando los miedos inducidos de la ciudadanía y las tensiones en el contexto internacional favorable al antiterrorismo, las autoridades nacionales han intensificado la represión contra los jóvenes, los activistas sociales, los opositores políticos, sindicalistas, periodistas, líderes gremiales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos, en el período que apuntamos son muchos los casos que pueden ejemplarizarse. El gobierno y las autoridades de competencia están manejando un doble discurso en materia de derechos humanos por un lado forman comisiones para diseñar un política estatal de derechos humanos y por otra olvida su obligación permanente de actuar en el marco constitucional e internacional de los derechos humanos.

El Ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, dirige los operativos para combatir la criminalidad con métodos represivos

Los actuales titulares de los poder Legislativo y Ejecutivo ignoran en forma inexcusable que es su deber cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y que no tienen más potestad y facultades que la que les confiere la ley y por lo tanto sujetos ante la ley sin ser en ningún momento superiores a ella.

Al concentrar esfuerzos el gobierno en combatir la criminalidad con métodos represivos desatiende las causas reales que generan la inseguridad, como la impunidad permanente que cubre las graves violaciones a los derechos humanos de la década de los ochentas y noventas, así como la impunidad en la muerte masiva de jóvenes tanto en las calles de los barrios mas pobres como en los centros penales del país, La politización del sistema de administración de justicia , la corrupción institucionalizada y la proliferación de armas pequeñas y armas de grueso calibre en manos de un gran sector de la población, continuaran siendo los aspectos más relevantes que contribuyen a la persistencia de la inseguridad, la violencia y las violaciones masivas y selectivas de los derechos humanos.

Detenciones Ilegales

Cientos de presuntos mareros fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por las autoridades policiales hondureñas desde agosto de 2003 a septiembre de 2004. Al amparo de de la reforma al Articulo 332 del Código Penal Vigente mejor conocida como la Ley antimaras (termino erróneamente aplicado por la prensa ya que no cumple con los preceptos de una ley) un promedio superior a los 1800 (mil ochocientos) jóvenes permanecen en los centros penales de todo el país acusados por el delito de asociación ilícita sometidos a tratamientos inadecuados y a malas condiciones de detención. Hubo casos en los que se privo a la persona detenida de informar a sus familiares de la detención y a gozar de una adecuada defensa al privárseles del derecho de ser oídos con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial.

La política aplicada tanto por la policía como por los fiscales y algunos jueces parece ser la de no cumplir en este tipo de casos con su obligación de garantizar el debido proceso, al convertirse los dos últimos operadores de justicia , en personal de apoyo a la policía a fin de sustentar y convertir las detenciones arbitrarias e ilegales en casos jurídicamente viables, mientras los jueces emiten sentencia presionados por la política del Ejecutivo y las manifestaciones del Ministro de Seguridad en medios de comunicación y en reuniones privadas con jueces y magistrados en igual forma actúan los defensores públicos asignados a la defensa gratuita del reo, estos no aportan prueba favorables a su defendido y dejan en indefensión al imputado, desde el inicio del proceso asumen que el acusado es culpable. Así mismo la reforma no persigue el delito persigue a la asociación por si misma sin establecer el delito. La policía no requiere de pruebas, basta con señalar que dos o tres personas forman parte de una pandilla, por su forma de vestir ,hablar o por tener tatuajes para determinar que forman parte de una pandilla y sean sujetas de detención.

La aplicación de la reforma tiene serias consecuencias y violaciones colaterales al derecho a libertad personal, como la violación a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la propia imagen y al debido proceso. Este delito se constituye en un delito de ejecución continua, esta permanentemente en flagrancia, a quienes se les imputa son objeto de detención e intromisión en su domicilio a cualquier hora del día sin ningún respaldo o garantía jurídica a su favor. Todas estas acciones en apariencia legales respaldadas por la Reforma 332 violan los pactos y tratados internacionales de los derechos humanos de los que Honduras es Estado Parte por su arbitrariedad, su falta de proporcionalidad e irracionalidad.

Para celebrar el primer aniversario de la aplicación de la inconstitucional reforma, el Presidente de la República Ricardo Maduro y su Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez acompañados de 300 elementos policiales realizaron operativos en 15 barrios de Tegucigalpa en los que se efectuaron allanamientos domiciliares y detenciones en forma ilegal, un promedio de 120 jóvenes fueron capturados, operativos similares se realizaron en las ciudades de San Pedro Sula, la Ceiba, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma y Choluteca, capturando a 182 personas El 30 de agosto del corriente año el Presidente Ricardo Maduro declaro a la Prensa que se tomaran medidas de mayor dureza en contra de las pandillas y será coordinadas por autoridades de las Secretarías de Defensa y Seguridad, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia a raiz de ciertos informes de inteligencia que vinculan a las pandillas con el grupo terrorista Al Qaida. Entre las medidas figuran intervenirles las comunicaciones y visitas a quienes permanecen detenidos. En total los operativos policiales en barrios y colonias pobres de las diferentes ciudades del país ascienden a más
80 y han dejado un promedio de 2,340 detenidos en forma arbitraria e ilegal.

Del total de detenidos durante el año de vigencia y aplicación del artículo 332 sólo el 3% ha sido sentenciado el resto permanece en las cárceles con sus juicios paralizados. El caso que exponemos a continuación es sólo uno de los tantos ejemplos producto de la intolerancia del Estado.

El 23 de septiembre de 2003, Walkis Loy Acosta Reyes de 22 años fue detenido ilegalmente por agentes de la policía de investigaciones frente a su casa de habitación en la Colonia Vía Cristina de Comayaguela , acusado del delito de asociación ilícita, fue remitido a la Penitenciaría Nacional, el juicio en su contra sufrió largos períodos de inactividad. El pasado 15 de abril de 2004, Walkis Loy Acosta Reyes fue asesinado en el interior de la Penitenciaría Nacional. Las autoridades de competencia no han iniciado una investigación exhaustiva para la deducción de responsabilidades.

La Pena de Muerte:

El presidente del Congreso Nacional, Porfilio Lobo, promueve la pena de muerte en el país

Mientras la mayoría del mundo rechaza la pena de muerte y marcha hacia la abolición, ya sea porque los países que la practican han empezado a abolirla por decreto y otros de facto por no aplicarla desde hace muchos años, el Estado de Honduras la practica de facto, una cifra superior a 200, son los jóvenes que han sido ejecutados en forma sospechosa en el 2004 y en el último mes el Presidente del Poder Legislativo ha iniciado una campaña por su restablecimiento –que legalmente no se aplica desde 1940-.

En el marco de un Foro promovido por Estudiante universitarios de derecho para analizar la reforma al 332 convertido en el eje vertebral del gobierno en materia de seguridad, bajo la política de Cero Tolerancia y Guerra a la Delincuencia, ambos parte del programa de gobierno Honduras Segura, el Parlamentario informo el 16 de agosto a los participantes del Foro y de la prensa que esta estudiando un proyecto de Ley para decretar la pena de muerte contra aquellos mareros que cometen infames crímenes, y facultar a la policía y al ejercito a capturar y encarcelar los criminales.

El planteamiento del diputado presidente riñe con los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República que en su artículo 66 establece “Se Prohíbe la pena de Muerte”. La aplicación de medidas extremas y el endurecimiento de las ya existentes no es la solución al problema actual del crimen organizado y la delincuencia generada por el alto nivel de descomposición social, la solución sigue siendo atender los problemas graves de pobreza extrema, corrupción e impunidad, el gobierno intenta potenciar el restablecimiento de la pena muerte centrando la campaña en los asesinatos en serie que se han registrado en el país, el narcotráfico y sus consecuencias problemas en los que ha demostrado incapacidad y falta de voluntad para investigar y sancionar conforme a derecho a los responsables.

Este proyecto de muerte sólo refleja que el Estado ha sido incapaz de implementar una política de seguridad eficiente que actué contra la criminalidad de individuos y grupos, conforme a la ley dentro del marco de los derechos humanos. El Cofadeh considera que el promotor de este proyecto esta utilizando los problemas de la inseguridad en forma altamente peligrosa para la sociedad y el estado de derecho en el marco de intereses políticos electorales a corto plazo.

Homicidios por Abuso de Autoridad:

Esta familia ha sido objeto de la represión policial.

Las fuerzas policiales han convertido a la población civil especialmente los habitantes del interior del país en objeto directo de ataques contra la vida, el Cofadeh recibió informes que agentes asignados a la policía preventiva ejecutaron el 15 de agosto en forma sumaria a los hermanos Reni y Fredy Ortiz Chirinos en el municipio de Sonaguera departamento de Colón al norte de Honduras, de acuerdo con la declaración de los testigos tres agentes policiales los requirieron, e inmediatamente sacaron por la fuerza a Fredy del interior de la cabina del vehículo en que se conducían y una policía identificada como Diana Pérez Maravilla le disparo, su hermano Reni que acudió en su auxilio fue mortalmente herido por la misma agente, la uniformada con la pistola de reglamento impidió que los testigos brindaran los primeros auxilios a las víctimas. La agente fue presentada a las autoridades de la Fiscalía y remitida en calidad de depósito a las instalaciones de la Policía Preventiva.

En enero de 2004 el Cofadeh pidió a la Fiscalía investigara el asesinato de Orle Noel Ramírez Tejeda de 21 años considerado por los agentes policiales sospechoso de darle muerte a uno de sus compañeros, fue asesinado en su casa de habitación el 01 de enero de 2004, en el barrio el Quebracho del Municipio del Rosario, departamento de Olancho. Los agentes allanaron la vivienda de la familia Ramírez en horas inhábiles y sin orden judicial, después de amenazar a la familia incluyendo un menor de edad les obligaron a lanzarse al piso boca abajo y golpearon fuertemente a Fausto Ramírez, jefe del hogar, un agente se introdujo a una de las habitaciones y descargo su arma de reglamento en contra del joven infiriéndole tres disparos.

En seguida sacaron a la familia de la casa y los llevaron bajo un árbol donde los mantuvieron detenidos por espacio de cinco horas. Fausto Ramírez es miembro del Comité Civil de vigilancias de la comunidad y los agentes le decomisaron el arma para colocársela a la víctima y aparentar que el muchacho había disparado. Al cabo de las cinco horas llego una patrulla con representantes de la Fiscalía y la DGIC para el reconocimiento del cadáver. Al cierre de este informe no se conocen los resultados de la investigación solicitada en el mes de enero.

El 21 de Marzo Ángel Evelin Méndez López, de 41 años y médico de profesión, fue muerto en el municipio de Mangulile en un tiroteo que provoco un agente de la Policía Nacional Preventiva al sostener una discusión con la víctima. Siete personas más resultaron heridas de gravedad.

A lo largo del año el Cofadeh recibió denuncia sobre otros 13 casos de muertes por abuso de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y brindar seguridad a los ciudadanos.

Ejecuciones Sumarias:

La tolerancia a las ejecuciones sumarias continua vigente en el país a pesar de las múltiples denuncias y peticiones para que se investigue en forma exhaustiva el asesinatos de jóvenes y menores presuntos infractores de la ley estas siguen en aumento en el período que informamos 105 cadáveres de jóvenes entre 19 y 23 años han sido encontrados con señales de muertes sumarias, en cuyos casos el patrón es el mismo, disparos a quema ropa en la cabeza, cuerpos boca abajo, manos amarradas hacia atrás, sin camisa, generalmente han sido ejecutados por hombres fuertemente armados que se conducen en carros pick-up color gris o rojo con vidrios polarizados, y con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, este tipo de carros fueron utilizados ampliamente en las ejecuciones practicadas en los años 2001, 2002 y los primeros meses del 2003. Durante algunos meses del 2003, se utilizaron bicicletas para asesinar a ciertos jóvenes durante este año se han utilizado buses y taxis. Las horas de mayor incidencia son entre las once de la noche y las cuatro de la mañana.

Muchas madres como ésta sufren en carne propia la ejecución de uno de sus hijos. La autoría de estos crímenes es sospechosa.

Una nueva modalidad parece estarse implementando en las ejecuciones sumarias y es el desmembramiento de los cuerpos entre el 2003 y el 2004, 74 cuerpos han sido desmembrados, 14 han sido mujeres.

En determinados casos la policía ha sido plenamente identificada y en otros su implicación es altamente sospechosa por el grado de tolerancia y por dejar las zonas donde se han reportado este tipo de asesinatos sin presencia policial.

El Ministerio de Seguridad a cargo de las investigaciones desde que la policía técnica de investigaciones pasó a ser parte de esa secretaría informo públicamente que las ejecuciones sumarias están siendo realizadas por ciudadanos comunes en un ajuste de cuentas porque los tribunales liberan a los criminales que la policía captura, las declaraciones fueron respaldadas por su director de investigaciones que agrego que existían dos escuadrones de profilaxis social. Ambas declaraciones forman parte de una reacción de ese ministerio a un informe que presento el Centro de Estudios de justicia de las Americas en la que revela que la policía hondureña realiza malas investigaciones provocando que los delincuentes queden el libertad cuando su caso es conocido por los tribunales de justicia, también se dan en un contexto de enfrentamiento entre el poder judicial y el Ministro de Seguridad.

El Cofadeh no pone en duda la existencia de escuadrones ejecutores de menores y jóvenes, lo que pone en duda es la autoría imputada a los familiares de las víctimas por lo general son familias de escasos recursos que están muy intimidadas para formalizar las denuncias, no poseen capacidad logística para organizar un escuadrón con armas y municiones de grueso calibre ni vehículos con las características antes descritas para realizar los actos criminales tampoco poseen entrenamiento para tal fin. Pero al Cofadeh no le queda ninguna duda sobre la impunidad de que gozan los miembros de la fuerza policial señalados en las ejecuciones sumarias, en diciembre de 2003, El Ministerio Público acuso criminalmente a la Directora de la Policía Nacional Preventiva, Coralia Rivera Ramos, la Directora de Inspección Policial Mirna Suazo Rivera y al asistente del Secretario de Seguridad Manuel Aguilar Godoy , por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, y violación a los deberes de los funcionarios, basados en la denuncia que en septiembre de 2002 formulara la comisionada María Luisa Borjas en su calidad de Directora de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

En esa ocasión Borjas señalo que agentes de la policía estaban implicados en 20 ejecuciones sumarias y las imputadas ordenaron la destrucción de las armas utilizadas para que no sirvieran como evidencia, armas que habían sido sujeto de decomiso.- La comisionada Borjas fue separada de su cargo en forma arbitraria-

A pesar del proceso judicial iniciado y que el procedimiento administrativo ordena que todo funcionario formalmente acusado debe de ser suspendido del desempeño de sus funciones hasta que los tribunales respectivos establezcan o desestimen los hechos imputados.

Los funcionarios policiales referidos no se les aplico la medida administrativa no obstante que la fiscalía lo solicito reiteradamente a fin de asegurar la transparencia del proceso. En abril de 2004 fueron declarados inocentes de los cargos que se le imputaban, no obstantes que reconocieron haber autorizado el acceso a las armas que fueron inutilizadas.

Muerte de Personas Privadas de Libertad:

El Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad sin embargo el Estado de Honduras no ha cumplido con este deber, desde 1999 progresivamente se pierden vidas en el interior de los centros penitenciarios de toda la República., pero son los dos últimos años, 2003 y 2004, donde parece configurarse una política de Estado dirigida a exterminar a los reos pertenecientes a un sector especifico de la Población.

El Estado de Honduras, que desde el 2002 aplica medidas ineficaces contra la delincuencia, mediante una reforma ambigua y discriminatoria, ha capturado masiva e indiscriminadamente a los miembros de pandillas que luego han sido asesinados en los centros de detención por dolo o negligencia.

Los antecedentes de las muertes masivas de 2003 y 2004 se encuentra en los asesinatos de 9 mareros en el Centro Penal de Choluteca, de 7 en el Centro Penal de San Pedro Sula y 4 en Puerto Cortes y algunos otros en Tela y Tegucigalpa estos antecedentes reflejan que los acontecimientos de la granja penal del Porvenir en la que murieron 61 marero y 107 en mayo de 2004 en San Pedro Sula no son hechos aislados o incidentales por el contrario son parte de una cadena de hechos encaminados a un mismo fin la profilaxis social. Los Jóvenes que no mueren en la calle víctima de los escuadrones ejecutores de presuntos delincuentes mueren en los centros de detención.

El 05 d abril de 2003, murieron en el interior de la granja penal del Porvenir 69 personas en hechos poco claros a pesar de que tres investigaciones se ordenaron de emergencia incluida la conformación de una Comisión de Alto nivel encabezada por el Ministerio de Gobernación. Desde un inicio se manejo desde la Secretaria de Seguridad que la causa era un motín entre los reos conocidos en el mundo penitenciario como paisas y los mareros. En un informe independiente preparado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se establece que la escena del crimen fue alterada y contaminada y que existen indicios racionales para suponer que los miembros de los cuerpos de seguridad podrían estar encubriendo a la ejecución de los pandilleros. El Ministerio Publico presento acusaciones contra las autoridades penitenciaras, pero hasta ahora no se han emitido sentencias firmes.

El 17 de mayo de 2004, los hondureños y el resto del mundo vivos desnuda una vez mas la vulnerabilidad del sistema penal de Honduras 102 jóvenes miembros de pandillas juveniles habían muerto carbonizados en el interior de la celda 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, y 27 sufrieron graves quemaduras de primer grado cinco de ellos murieron posteriormente en el hospital donde eran atendidos. Durante el incendio los jóvenes no recibieron ayuda de los custodios y permanecieron bajo llave en la celda que era consumida por el fuego. El Ministerio Público Ordeno una investigación y ordeno la detención del Director del centro Penal pero en el mes de Septiembre fue liberado. El Cofadeh ha insistido que se levanten cargos en contra de los funcionarios penitenciarios por acción u omisión y que la Dirección de los Centros penales sea separada de la Secretaría de Seguridad.

Impunidad:

La Fiscal de Derechos Humanos, Aída Romero, ha recibido amenazas a muerte por luchar contra la impunidad.


A pesar de que se han abierto procesos criminales por los casos de las desapariciones forzadas ocurridas en los años ochentas sigue sin conocerse el destino final de las víctimas, y de 20 oficiales del ejército de alta graduación procesados, sólo uno ha sido sentenciado a dos años de prisión. El resto permanece en libertad bajo fianza o fueron liberados por falta de meritos.

Un ex -integrante del Batallón de Inteligencia 3-16, el capitán retirado Billy Fernando Joya Amendola que enfrenta cargos criminales en tres casos y que goza de libertad condicional es miembro activo del precandidato presidencial por el partido de gobierno Miguel Rodrigo Pastor mientras el tribunal que conoce la causa seis años después aun no emite una resolución definitiva.

Y el Ministerio Público -que desde marzo de este año es rectorado por un nuevo fiscal el ex -Magitrado de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Ovidio Navarro- a cargo de las acusaciones en contra de los responsables de las desapariciones forzadas parece haber dejado inactivos los casos iniciados en 1995, a la fecha ninguna nueva acusación ha sido formulada y las incoadas atraviesan por largos periodos de inactividad procesal.

El Estado de Honduras fue requerido en el mes de julio por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas para que presentara un informe sobre el estado jurídico de las personas señaladas como desaparecidas en los años ochentas.

Atendiendo el requerimiento el Fiscal General de la Republica revelo el 02 de agosto que habían desaparecidos vivos y que circulaban por el mundo indemnizados por el Estado de Honduras, pero que no daba a conocer sus nombres porque era información de carácter confidencial, y que la hará publica hasta el mes de diciembre, la afirmación violaba una vez más el derecho que tienen los familiares de la víctima a conocer la verdad de lo sucedido y que se le entregue un informe veraz. La negativa del fiscal a ofrecer mayores detalles dio origen a una serie de rumores que causaron incertidumbre en los familiares de los desaparecidos y actos de hostigamiento, muchas familias recibieron llamadas telefónicas para burlarse de ellos llamándoles farsantes y estafadores del Estado.

El Cofadeh que en ningún momento recibió información oficial exigió al fiscal que asumiera su papel de representante de la sociedad y brindara los detalles de la información nueva que conocía porque la prensa manejaba nombres de personas que figuran algunos como desaparecidos temporales y otros como desaparecidos permanentes. Pero el Fiscal insistió en negar información asegurando que la información se encontraba en Ginebra y que esa era la única respuesta que podía dar a la coordinadora del Cofadeh.

El 31 de agosto después de de que el Cofadeh presentara un requerimiento ante la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Fiscal, el Ministerio Público ofreció los Nombres: Juan Bautista Canales, Corina Cruz Pineda y Dionisio Portillo, como las personas que estaban vivas y habían sido dadas como desaparecidas.

Para los organismos privados de derechos humanos los tres estaban registrados como sobrevivientes de la desaparición forzada durante los años ochentas dos de ellos se refugiaron en los Estados Unidos y Corina Cruz aun vive en el país guardando un bajo perfil por temor a las represalias. Ni uno de ellos ha sido indemnizado como lo dijo el Fiscal y sus caso tampoco son sujeto de investigación criminal para deducirle responsabilidad a quienes los detuvieron ilegalmente los torturaron y sometieron a crueles vejámenes.

Avances:

Se lograron algunos avances respecto a la recuperación de la memoria histórica y a la voluntad del Estado de asumir la responsabilidad derivada de sentencias del Sistema Interamericano.

A raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 07 de junio de 2003, en el caso de la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez en julio de 1992, el Estado de Honduras por insistencia de los peticionarios – Cofadeh y CEJIL - nombro una Comisión de Interinstitucional de alto nivel el pasado mes de abril para dar cumplimiento a la sentencia, -el Estado debió haber cumplido con el compromiso internacional el pasado 06 de enero- el 24 de agosto el estado procedida exhumar los resto de la víctima tal como lo manda el punto resolutivo 11 de la sentencia, los restos se recuperaron de una fosa improvisad en las riberas del Río Negro, en Santo Domingo, Colomoncagua, departamento de Intibucá. Se espera que el Estado en la segunda semana del mes de octubre reconozca su responsabilidad en este caso y le pida disculpas a la familia por la violación a los derechos humanos de Juan Humberto Sánchez.

En el marco de la Conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido el Cofadeh solicito al Congreso Nacional que emita un decreto que declare Patrimonio Nacional todos aquellos sitios que en los años ochentas se utilizaron como centros de detención tortura e interrogación. El 30 de agosto Día Nacional del detenido Desaparecido el Cofadeh insistió sobre la petición, el pasado 21 de septiembre el diputado Orles Solís presento a la Cámara de diputados el en anteproyecto de decreto para su discusión, El Cofadeh espera que el decreto sea aprobado en este período legislativo.

Defensores de Derechos Humanos

Con la intención de intervenir a las organizaciones y limitar la libertad de asociación el gobierno publico la obligación de todas las organizaciones privadas de inscribirse en el registro que la nueva ley dispone, o serían sujetas de multas o de la cancelación de su personalidad jurídica otorgándoseles un plazo limitado hasta marzo del presente año.

El Ministro de Seguridad y el diputado Presidente del Congreso Nacional promovieron un ambiente de intimidación en contra de los defensores de los derechos humanos en especial contra los activistas ambientales que promovían una marcha nacional para defender el medio ambiente. El Presidente del Congreso Nacional amenazo con aplicar la Ley de Extranjería a todos aquellos extranjeros que participaran en marchas de protesta y movilización, la declaración del legislador trataba de impedir que los principales líderes del movimiento ambiental, los sacerdote Andrés Tamayo y Osmín Flores de nacionalidad salvadoreña organizaran la marcha denominada Marcha Nacional por la Vida. En igual medida el Presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo, enfrento a los dirigentes de organismos privados de Derechos humanos, durante la sesión de informes de los tres poderes del Estado ofreció su puño a todos aquellos que se opusieran a la ley antimaras, en una clara alusión a la coordinadora Bertha Oliva de Nativí que solicito a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la reforma al artículo 332 del Código Penal.

Las amenazas y los hostigamientos por medio de columnas de chisme de la prensa nacional continuaron durante este año contra los activistas de derechos humanos al menos tres denunciaron haber recibido amenazas a muerte, un activista ambiental fue obligado a abandonar el país y asilarse en Estados Unidos, dos reportaron amenazas de muerte, tres fueron encarcelados, dos sufrieron golpes a manos de la policía mientras sujetos desconocidos atentaron contra padre diocesano Marco Aurelio Lorenzo párroco de la iglesia Catolica de Macuelizo Santa Bárbara. La noche del 13 de agosto el padre Lorenzo regresaba de la comunidad de San Antonio Chiquila cuando fue interceptado por un carro sin placas marca Toyota, tres individuos encapuchados y armados lo bajaron de su vehículo y le golpearon fuertemente en la espalda abdomen pecho piernas y cadera que le produjeron lesiones en los órganos internos, el sacerdote tuvo que ser hospitalizado

 
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